La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, relacionados con supuestas presiones y pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para que modificaran sus testimonios o declararan en contra del senador Iván Cepeda.
La decisión fue emitida este viernes 13 de noviembre de 2026 y, según explicó el ente acusador, se fundamentó en la falta de elementos probatorios que permitieran establecer la existencia de los hechos denunciados.
El expediente, en el que Cepeda figuraba como víctima, estaba relacionado con las acusaciones formuladas en 2018 sobre supuestas presiones y ofrecimientos económicos a exparamilitares para que cambiaran sus versiones acerca de los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las Autodefensas.
En la resolución, de 47 páginas, la Fiscalía concluyó que no era posible determinar que las conductas denunciadas hubieran ocurrido y, por tanto, tampoco establecer la configuración del delito de soborno en actuación penal.
“No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal”, señala el documento citado por SEMANA.
La determinación fue adoptada con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que contempla el archivo de las diligencias cuando no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar la conducta como delito o indicar su posible existencia.
No obstante, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de revisar la decisión si aparecen nuevos elementos de prueba mientras la acción penal continúe vigente.
¿Qué investigaba la Fiscalía contra Álvaro Uribe?
La investigación contemplaba dos posibles conductas: soborno en actuación penal y fraude procesal.
En el primer caso, las indagaciones estaban relacionadas con las denuncias sobre supuestos ofrecimientos económicos y presiones a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones o entregaran testimonios que perjudicaran a Iván Cepeda.
Entre los hechos examinados estaban las presuntas actuaciones relacionadas con los exintegrantes de grupos armados conocidos con los alias de Castañeda y Simón, así como un supuesto encuentro en el establecimiento La Jugosa de la 70, visitas en la cárcel de Itagüí y posibles presiones a Óscar Monsalve Correa.
La decisión de la Fiscalía establece el cierre de las diligencias de este expediente, pero contempla expresamente la posibilidad de reabrirlas si aparecen evidencias que modifiquen las conclusiones de la investigación.
El organismo investigador precisó que, mientras la acción penal se encuentre vigente, podrá aplicar nuevamente las disposiciones legales correspondientes si surgen elementos que permitan avanzar sobre los hechos denunciados.
La determinación se conoce en medio de los antecedentes judiciales que han enfrentado Álvaro Uribe e Iván Cepeda por las controversias relacionadas con los testimonios de exparamilitares y los señalamientos sobre presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales.