La manera en que el presidente Abelardo De La Espriella divulga los resultados de los operativos de las Fuerzas Militares y de la Policía, como ocurrió tras las detenciones de alias Primo Gay y alias Mailo, ha generado reacciones entre distintos sectores.
La discusión llegó a instancias judiciales luego de que un juez en Medellín compulsara copias contra el Mandatario, al señalar que sus declaraciones sobre los capturados no le están permitidas y deben ser investigadas para establecer responsabilidades.
No obstante, abogados consultados sobre el caso indican que el Jefe de Estado actúa dentro de las atribuciones que le otorga la ley para informar sobre acciones de seguridad. De acuerdo con el abogado Wilson Pulido, estas intervenciones corresponden a una gestión política y no a una actuación judicial.
“No se atenta contra la presunción de inocencia, al buen nombre y a la dignidad; desde mi punto de vista, el presidente está haciendo un señalamiento político amparado en lo consagrado en el artículo 189 de la Constitución Política, que establece que el presidente es el encargado de velar por el orden público, incluso restablecerlo cuando se haya alterado o se haya perdido”, afirmó el jurista en diálogo con SEMANA.
Asimismo, Pulido precisó que la legislación permite hacer públicos los datos de quienes tienen requerimientos ante la justicia, independientemente de la forma en que cada gobierno decida comunicarlos.
“Es una posición política, no judicial. El artículo 298 de la ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento Penal, establece que se podrán exponer en los medios de comunicación las órdenes de captura en las cuales va el nombre de la persona, el alias, los delitos, la autoridad que ordenó la captura, entre otros detalles, y por qué no acompañarlos con una foto. Varios presidentes lo han hecho, no de la manera que lo hace el presidente Abelardo”, señaló.
Respecto a los efectos que estas publicaciones puedan tener sobre los procesos en curso, los especialistas explican que las expresiones del presidente no constituyen una causal para anular una detención y reiteran que la controversia radica en el ámbito político y no en la validez de los procedimientos.
“Para que una captura sea declarada ilegal por los jueces de la república, se deben incumplir los señalamientos o mandatos que establecen los artículos 297 a 303 del código de procedimiento penal y en el caso no hemos visto que nunca se afecten esas garantías y esas exigencias que establece la ley por ello considero que las apreciaciones o calificativos como presidente de la república no son otra cosa que su posición política”, enfatizó el abogado.