Colombia
Crisis carcelaria en Colombia: Gobierno terminará cárceles de Riohacha y Sabanas de Ángel; habrá investigaciones
Durante un debate en el Congreso se denunció que no se conoce el paradero de 55.000 personas con detención domiciliaria.
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18 de nov de 2026, 02:51 a. m.
Actualizado el 18 de nov de 2026, 02:53 a. m.
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La crisis del sistema penitenciario colombiano volvió al centro del debate nacional luego de las denuncias presentadas en el Senado sobre la falta de control de las personas beneficiadas con detención domiciliaria, el hacinamiento en los establecimientos de reclusión y el déficit de cupos carcelarios.
Durante la discusión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el Gobierno nacional terminará las cárceles cuya construcción comenzó durante administraciones anteriores y advirtió que habrá investigaciones por posibles irregularidades en los proyectos.
El funcionario se refirió particularmente a los establecimientos penitenciarios de Riohacha, en La Guajira, y Sabanas de Ángel, en el departamento del Magdalena, cuya construcción hace parte de las obras que las autoridades buscan poner en funcionamiento.
“Vamos a terminar esos establecimientos penitenciarios y carcelarios. Este año, con toda seguridad, Riohacha y muy pronto, Sabanas de Ángel. Estamos mirando todos los demás proyectos que están adelantados y, obviamente, va a haber investigaciones disciplinarias, fiscales y penales”, manifestó Cancino.
El Ministro también dijo que el buque cárcel sería una realidad y que en los próximos días el presidente De la Espriella anunciará donde quedarán las nuevas cárceles con pabellones de seguridad que se prometieron en campaña, para esto se está buscando opciones de financiación.
Denuncian que no se conoce el paradero de 55.000 personas con detención domiciliaria
Uno de los asuntos que generó mayor preocupación durante el debate fue la denuncia del senador Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, sobre las dificultades para hacer seguimiento a las personas privadas de la libertad que reciben el beneficio de detención domiciliaria.
El congresista aseguró que existe una diferencia considerable entre el número de personas que cumplen sus condenas o medidas de aseguramiento en sus viviendas y la cantidad de dispositivos electrónicos disponibles para monitorear sus movimientos.
“Hay cerca de 65 mil personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, pero solamente contamos con cinco mil brazaletes. Esto significa que de esas 60 mil personas, 55 mil no sabemos dónde están y podrían estar delinquiendo nuevamente”, advirtió Moreno.

La denuncia apunta a las limitaciones que enfrenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para garantizar la vigilancia de quienes reciben este beneficio judicial. Según el senador, la falta de brazaletes electrónicos dificulta el control efectivo de esta población y representa un desafío para las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas.
Otro de los puntos expuestos por Gustavo Moreno estuvo relacionado con la sobreocupación de los centros penitenciarios. El congresista señaló que actualmente habría cerca de 100.000 personas privadas de la libertad en establecimientos de reclusión intramural, mientras que la capacidad disponible sería de aproximadamente 80.000 cupos.
De acuerdo con esas cifras, alrededor de 20.000 personas estarían por encima de la capacidad instalada, lo que representa un nivel de hacinamiento cercano al 23 %.
“Hoy hay personas condenadas en las estaciones de Policía que llevan cuatro o cinco años que deberían estar en un centro de reclusión penitenciaria, pero permanecen en centros de reclusión transitoria. Tenemos un problema, ministro: faltan más de 30 mil cupos carcelarios en el país”, afirmó.

Comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Santiago de Cali, con diplomado en Derechos Humanos. Apasionada por contar y transmitir historias, con interés en cubrir temas políticos, sociales y judiciales.
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