El grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, entre los que figuran Fernado Ruiz, Alejandro Gaviria, Augusto Galán Sarmiento, entre otros, manifestó recientemente, a través de un comunicado, su rechazo a la información emitida por el Ministerio de Salud el pasado 10 de junio y aseguró que advertir sobre los riesgos que enfrenta el sistema sanitario colombiano “no constituye desinformación”, sino un ejercicio de responsabilidad pública respaldado por evidencia y datos.
En una declaración conjunta, los exfuncionarios señalaron que el país enfrenta un deterioro progresivo en el acceso a los servicios de salud, reflejado en el aumento de quejas, tutelas, dificultades para obtener medicamentos y barreras para acceder a atención especializada.
Según indicaron, el debilitamiento de la liquidez y la incertidumbre financiera terminan afectando directamente la atención a los pacientes.
También advirtieron sobre las señales que muestran las finanzas del sistema, entre ellas el incremento de los pasivos, las pérdidas acumuladas y las dificultades que atraviesan hospitales, clínicas y proveedores.
Por ello, aseguraron, “resulta insuficiente presentar el giro directo como solución estructural. Este mecanismo puede facilitar flujos de recursos, pero no reemplaza una financiación adecuada ni corrige por sí mismo los desequilibrios acumulados”.
Los exministros cuestionaron además la manera en que el Gobierno ha abordado las intervenciones a las EPS, al considerar que estas son medidas excepcionales que deben sustentarse en criterios técnicos y respetar el debido proceso.
“Intervenir entidades no constituye una política de salud en sí misma”, señalaron, al tiempo que recordaron que recientes decisiones judiciales han insistido en esos principios.
En el documento, los exfuncionarios reconocieron que los problemas del sistema no comenzaron con la actual administración, pero sostuvieron que la crisis actual ha sido “explícita, anunciada y deliberadamente provocada” por el Gobierno.
Asimismo, señalaron que si bien la Sentencia T-760 de 2008 ya había advertido dificultades relacionadas con el acceso y la sostenibilidad, esos antecedentes no justifican la situación actual.
“El debate no puede reducirse a una confrontación ideológica entre supuestos defensores y opositores del derecho a la salud”, afirmaron.
En esa línea, sostuvieron que durante años distintos sectores han insistido en la necesidad de fortalecer la atención primaria, mejorar la regulación, aumentar la transparencia y reducir el desperdicio de recursos, pero advirtieron que ninguna reforma responsable puede construirse debilitando el aseguramiento o ignorando la evidencia técnica.
“Ninguna transformación responsable puede construirse debilitando el aseguramiento, deteriorando la estabilidad financiera del sistema o sustituyendo la evidencia técnica por narrativas políticas”.
Respecto a los recursos destinados al sector, los exministros indicaron que la discusión no se centra únicamente en el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) o del presupuesto de salud, sino en si esos recursos han sido suficientes para cubrir las obligaciones reales del sistema, una preocupación que, recordaron, ha sido expresada por la Corte Constitucional en recientes autos de seguimiento.
El pronunciamiento también rechazó que las críticas a las políticas del Gobierno sean interpretadas como cuestionamientos al talento humano en salud.
Los exfuncionarios defendieron el papel de los trabajadores del sector y aclararon que las observaciones sobre los Equipos Básicos de Salud no se refieren a la importancia de la atención primaria, sino a la necesidad de garantizar su sostenibilidad y articulación con el resto del sistema.
“Los trabajadores del sector merecen reconocimiento y respeto. La discusión sobre los Equipos Básicos de Salud no gira alrededor de la importancia de la atención primaria, que compartimos plenamente, sino sobre su articulación efectiva con el sistema, su sostenibilidad y sus resultados”.
Finalmente, hicieron un llamado a que las transformaciones del sistema se construyan a partir del diálogo, la evidencia científica, la responsabilidad fiscal y el respeto por las decisiones judiciales.
“Por estas razones rechazamos que las preocupaciones expresadas por exministros, exviceministros, organizaciones de pacientes, sociedades científicas, centros de pensamiento y múltiples actores del sistema sean calificadas como desinformación. Advertir los riesgos que enfrenta la salud de los colombianos no constituye un ataque a las instituciones; representa, por el contrario, un ejercicio de responsabilidad pública. Mucho más cuando están respaldados por los datos y la información. La salud requiere menos propaganda y más evidencia. Menos confrontación y más soluciones. Menos relatos y más resultados”, expresaron.