El reciente hundimiento de la reforma de la salud del Gobierno de Petro generó diversas reacciones, entre ellas, se encuentra el pronunciamiento de un grupo de exministros y exviceministros de Salud de Colombia, los cuales respaldaron el archivo de la iniciativa, adoptada el día de ayer por la Comisión Séptima.
A través de un comunicado oficial, el gremio respaldó el archivo de la reforma, calificándolo como un “acto de responsabilidad institucional frente al país, a los usuarios y pacientes, a los trabajadores de la salud, a los demás agentes y a la sostenibilidad del sistema”.
A su vez, el colectivo manifestó que la iniciativa legislativa no proporcionaba una solución verdadera a los problemas estructurales del sistema de salud.
“La reforma archivada no solucionaba los problemas reales del sistema: debilitaba el aseguramiento, rompía la gestión del riesgo y no garantizaba continuidad ni oportunidad en la atención de los pacientes”, se lee en la misiva.
A su criterio, tales cambios incorporaban riesgos adicionales al debilitar los mecanismos de aseguramiento y gestión integral del riesgo.
“El proyecto nunca tuvo aval fiscal, ni estimación creíble de costos, ni fuentes de financiación suficientes y sostenibles, incumpliendo un requisito básico para cualquier reforma estructural”, advirtieron.
Para el colectivo, la crisis se basa en el desabastecimiento de medicamentos, suspensión de tratamientos de alto costo y enfermedades huérfanas, cierre de servicios, deterioro hospitalario y un aumento histórico de tutelas y PQRS, lo cual no solucionaría la nueva reforma.
De igual forma, resaltaron que desde la radicación de la reforma en la Cámara de representante, advirtieron que dicho proyecto, “debilitaba los mecanismos de aseguramiento y de gestión integral del riesgo en salud, sin demostrar cómo se garantizaría la continuidad y oportunidad de la atención”.
Entre otras falencias que identificó el gremio se encuentran:
- Concentración de funciones operativas y financieras en el Estado sin que existiera un respaldo de capacidad institucional suficiente para asumirlas.
- Incertidumbre por el flujo de recursos, el pago oportuno a prestadores y el acceso efectivo a medicamentos y tecnologías en salud.
- Aparente falta de rigor técnico en problemáticas como: la insuficiencia de la UPC, la crisis de liquidez, las fallas en el flujo de recursos, la fragmentación de la atención y el creciente número de barreras para los usuarios.
- No se presentó una estimación creíble del costo de la reforma.
- No identificaron fuentes de financiación suficientes, permanentes y sostenibles.
“El archivo del proyecto de Ley 410 no significa renunciar a mejorar el sistema de salud, sino todo lo contrario: abre la posibilidad de construir una agenda de reformas responsables”, dice el comunicado.
Finalmente, el grupo de firmantes insta al Gobierno Nacional a que “abandone la confrontación, escuche a los distintos actores del sistema y del Estado, y promueva un diálogo basado en la evidencia, técnico y responsable”, y así puedan avanzar en soluciones para los pacientes y el sistema de salud.