Una controversia de fuertes dimensiones salpica la carrera política del exgobernador del Magdalena y candidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar, luego de que múltiples mujeres presentaran ante la Fiscalía General de la Nación denuncias por presuntos delitos de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir, supuestamente ocurridos durante su gestión como mandatario departamental entre 2020 y 2023.
La acusación formal fue radicada por el abogado Julián Quintana, quien consignó los testimonios de al menos cuatro mujeres que trabajaron en la administración del entonces gobernador o estuvieron vinculadas a su movimiento político, Fuerza Ciudadana.
Según estos relatos, las dinámicas de presión y abuso habrían estado alimentadas por el uso del poder político y administrativo para condicionar ascensos, cargos o estabilidad laboral a supuestas concesiones de carácter sexual.
Una de las denuncias más impactantes refiere a un episodio durante un evento institucional en el que Caicedo, según la denunciante, le habría solicitado a una colaboradora que subiera a su habitación para “complacerlo”, con la supuesta promesa de favorecerla con un ascenso si accedía a dicha petición.
También se denunciaron conductas de acoso por parte de asesores y funcionarios cercanos a Caicedo, con relatos de tocamientos no consentidos y presiones reiteradas en el entorno laboral.
Una de las denunciantes relató que un alto funcionario la habría rozado de manera indebida y realizado tocamientos sin su consentimiento dentro de la Gobernación del Magdalena, e incluso denunció la inacción de los directivos de la administración ante sus quejas.
Otra de las mujeres que aportó al proceso aseguró que fue víctima de un presunto acto de abuso sexual agravado durante un viaje a Bogotá organizado por Fuerza Ciudadana, donde su supuesto agresor habría utilizado un medicamento para dejarla inconsciente antes del ataque.
A pesar de haber informado a las autoridades del movimiento y al propio Caicedo, afirmó que no se tomaron medidas disciplinarias contra el presunto responsable, quien incluso habría seguido ascendiendo dentro de las estructuras políticas del departamento.
Las declaraciones sostienen que este patrón de abuso no fue un caso aislado, sino parte de un ambiente de impunidad y silencio dentro del movimiento político, donde mujeres que aspiraban a oportunidades laborales o cargos se habrían visto expuestas a presiones indebidas.
Frente a estas denuncias, Caicedo ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como “operaciones de desprestigio” y “montajes judiciales” promovidos por adversarios políticos para desestabilizar su campaña presidencial.
El candidato ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía para que sea ese organismo, a su juicio imparcial, el que investigue y determine la veracidad de los señalamientos.