Tras confirmarse la suspensión provisional del decreto del salario mínimo de 2026 por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro reaccionó este 13 de febrero a través de su cuenta en X con un mensaje que, aunque no menciona de forma directa la decisión judicial, ha sido interpretado como una respuesta al fallo.

El alto tribunal decretó la medida cautelar contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905, equivalente a un incremento del 23,7 %. La decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, pero sí suspende provisionalmente sus efectos mientras se resuelve de fondo la demanda.

La determinación fue adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de acumular 17 demandas contra la norma. El consejero ponente, Juan Camilo Morales Trujillo, analizó los argumentos de las acciones de nulidad y las solicitudes de medida provisional, y profirió un auto de 63 páginas en el que ordena frenar los efectos del aumento y exige al Ejecutivo expedir un nuevo decreto.

El Gobierno tiene ocho días, contados a partir de la notificación, para publicar un nuevo acto administrativo que atienda los criterios definidos en la ley y en la providencia judicial. Entre ellos se encuentran variables como la productividad total de los factores, la inflación de 2025 y el índice de precios al consumidor proyectado para 2026.

No obstante, el magistrado difirió los efectos de la suspensión. Según el auto, esta solo se hará efectiva desde la publicación del nuevo decreto transitorio. Hasta entonces, el incremento del 23,7 % continuará vigente.

Además, el documento precisa que no habrá efectos retroactivos ni obligación de devolver sumas ya pagadas con base en el salario mínimo fijado en el decreto suspendido. Es decir, las obligaciones y derechos causados o pagados antes de la expedición del nuevo acto administrativo se mantienen intactos.

En medio de ese contexto, el presidente Petro publicó en X un fragmento de un discurso pronunciado en Chaparral, Tolima. En el mensaje escribió: “Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos. Se elige al verdugo si se vende el voto”.

En el video compartido, el mandatario hizo referencia a “sapos y vampiros”, aclarando que no hablaba de animales, sino de personas que, según dijo, “le quitan la sangre y los derechos a todos y a todas”.

También afirmó que esas figuras “están pidiendo cacao con el voto” y que actúan en función de sus propios intereses, sin pensar en los sectores más vulnerables.

Más tarde, el jefe de Estado volvió a compartir un mensaje publicado días antes en el que defendía el concepto de “salario vital” y señalaba que, contrario a lo que advertían algunos críticos, no se habría desplomado el empleo.

Desde el entorno cercano al Gobierno también se han producido reacciones. Andrés Hernández, asesor de comunicaciones del presidente, señaló en X que, ante la decisión del Consejo de Estado, se debería salir a las calles.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el tribunal habría actuado por motivaciones políticas y sostuvo que sectores de élite no quieren favorecer a los menos favorecidos.

“Me acabo de enterar de que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el salario mínimo vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia, vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”. afirmó el funcionario.

En la misma línea, la congresista Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, aseguró que la decisión iría en contravía del mandato popular y planteó la necesidad de reformas profundas, incluso en la justicia.

“Lo que hace el Consejo de Estado es ir en contravía del mandato popular. Y esto confirma algo urgente: Colombia necesita reformas profundas, no solo en lo social y económico, sino también en la justicia. “Hoy más que nunca: movilización popular por una asamblea nacional constituyente”, concluyo la senadora.