En medio del ambiente preelectoral, dos candidatos, uno del Partido Nuevo Liberalismo y otro por Salvación Nacional, denunciaron hechos que, aseguran, ponen en riesgo su integridad y el ejercicio democrático.

El primer caso involucra a Edwin Maldonado, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, quien denunció que una de sus vallas fuera dañada tras una campaña de señalamientos en redes sociales.

Candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, Edwin Maldonado del partido Nuevo Liberalismo | Foto: Captura transmisión

El candidato aseguró que ha sido objeto de ataques y calumnias que, según él, han generado un clima de hostilidad en su contra. Ante esto, advirtió sobre el riesgo de que normalizar la violencia verbal y la estigmatización en el debate político podría derivar en hechos más graves.

La democracia no se construye así. Del vandalismo a las personas hay un solo paso. Yo creo en el debate con argumentos, en la diferencia respetuosa y en la institucionalidad como base de la democracia. Por eso hago esta denuncia pública e invito a todos los partidos y líderes y simpatizantes a rechazar la violencia y a defender la política desde las ideas, no desde el odio”, señaló el candidato.

En su concepto, estas prácticas afectan no solo a los candidatos, sino al sistema democrático en su conjunto.

“El debate político debe darse con argumentos, respeto y dentro de la institucionalidad. La intimidación y el odio no pueden convertirse en una forma válida de hacer política”, señaló Maldonado.

Denuncia por presuntas amenazas

Por su parte, Wilson Ruiz Orejuela, candidato al Senado por el partido Salvación Nacional, denunció haber recibido información de inteligencia según la cual integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc habrían declarado “objetivo militar” a varios aspirantes de su colectividad.

“Frente 33 de las FARC declara objetivo militar a varios candidatos de nuestro partido Salvación Nacional, lista que está encabezada con mi nombre y el de Germán Rodríguez, entre otros”, señaló el político.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo. | Foto: AFP or licensors

Frente a este panorama, Ruiz Orejuela señaló que ya puso el caso en conocimiento de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y solicitó medidas de protección.

“Esto es un hecho extremadamente grave, que atenta contra la vida, la democracia y además el ejercicio libre de la actividad política en Colombia”, afirmó.

Asimismo, pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para ejercer la actividad política.

Las denuncias se conocen en un momento clave del calendario electoral y reavivan el debate sobre las garantías para los candidatos en diferentes regiones del país.