El proceso de transición de mando en el país arrancó con una inesperada controversia que ha puesto a prueba la diplomacia entre los equipos de trabajo.
La metodología para registrar las mesas sectoriales encendió el debate público, dividiendo las opiniones sobre los límites de la divulgación ciudadana en estos procesos oficiales.
Durante las primeras horas de la jornada, las delegaciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, y del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvieron su primera reunión formal de coordinación.
El encuentro estuvo liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quienes expusieron las condiciones iniciales de cada bando.
La principal fricción surgió a raíz de una directiva presidencial firmada por Germán Ávila, la cual reglamenta que las sesiones de trabajo deben ser grabadas y posteriormente emitidas de manera pública. Este lineamiento técnico generó reparos inmediatos en la coalición entrante, obligando a renegociar el cronograma metodológico de las próximas semanas.
Por su parte, Gustavo Petro respaldó abiertamente la iniciativa a través de sus plataformas digitales, argumentando que la sociedad civil posee el derecho legítimo de vigilar los acuerdos de transición por televisión.
Esta postura fue secundada rápidamente por el Ministerio de Transporte, cuya titular, María Fernanda Rojas, confirmó que la entidad aplicará de forma estricta la emisión en directo de todas sus reuniones sectoriales.
La funcionaria enfatizó que la medida busca blindar el sector de infraestructura bajo principios de transparencia absoluta. Sin embargo, la premura del anuncio causó revuelo en el comité de empalme entrante, que no esperaba una implementación tan unilateral por parte de las carteras ministeriales.
Tras concluir la sesión, José Manuel Restrepo suavizó las tensiones al confirmar que se logró un consenso para que las reuniones sean registradas por ambas partes y compartidas con el público.
Pese al acuerdo, el vicepresidente electo lanzó una fuerte advertencia sobre el riesgo de comprometer la estabilidad del Estado mediante contratos multimillonarios de última hora.
La representación del gobierno electo exigió la preservación rigurosa de toda la información institucional, tanto en soportes físicos como digitales, para evitar alteraciones en las plantas de personal. Restrepo catalogó esta primera fase como un empalme anticorrupción, cuyo fin principal es auditar con rigor técnico el uso de los fondos públicos antes del cambio de mando.
En sintonía con estas declaraciones, Abelardo De La Espriella envió un mensaje contundente a sus seguidores, asegurando que su administración se enfocará en erradicar los focos de corrupción sin importar la cercanía política de los implicados.