El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un fuerte jalón de orejas a las diferentes campañas políticas que compiten por la Presidencia de la República.
A través de una enérgica notificación oficial, la autoridad electoral advirtió que todos los actos proselitistas masivos en plazas públicas y espacios abiertos quedan estrictamente prohibidos en esta recta final, obligando a los aspirantes a replegar sus actividades a recintos cerrados.
La máxima corporación electoral expidió el Comunicado de Prensa No. 003, el cual aparece detallado visualmente en el archivo informativo.
En dicho documento se ratifica que, bajo la presidencia de Cristian Ricardo Quiroz Romero y la vicepresidencia de Alfonso Campo Martínez, el organismo intensificará las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional ante denuncias ciudadanas por presuntas infracciones normativas.
La restricción no es un capricho institucional, sino que se desprende de la aplicación estricta del Decreto de Orden Público No. 188 de 2026, emitido por el Ministerio del Interior.
De acuerdo con el artículo sexto de esta norma, desde el pasado lunes 25 de mayo de 2026, cualquier manifestación o reunión de carácter político solo puede llevarse a cabo en espacios totalmente confinados, una directriz impuesta para salvaguardar el orden público antes de la votación del 31 de mayo.
La responsabilidad de hacer cumplir esta directriz recae de forma exclusiva sobre los alcaldes locales y los uniformados de la Policía Nacional.
El tribunal electoral fue explícito en manifestar que aquellos mandatarios locales o miembros de la fuerza pública que sean permisivos con eventos en espacios abiertos se exponen a severas investigaciones disciplinarias que serán tramitadas de oficio ante la Procuraduría General de la Nación.
Esta advertencia se publica en un entorno de máxima tensión, acrecentada por los recientes y concurridos actos políticos del candidato Iván Cepeda, así como por un duro revés judicial que sacude a otra de las campañas presidenciales.
El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela que le otorga un ultimátum al CNE para resolver una petición de revocatoria contra la inscripción de la candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia.
El recurso de amparo constitucional fue promovido por el ciudadano Mauricio Villegas Londoño, exmilitante y fundador de la mencionada colectividad, quien argumentó que el proceso interno de selección de la candidata presidencial violó la ley de encuestas y los estatutos internos del partido.
El demandante cuestionó fuertemente que el Centro Democrático usara un sondeo de apenas 5.000 personas para definir una candidatura, ignorando a una militancia real que supera los 600.000 miembros inscritos.