El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, promulgó la Ley 2568 de febrero de 2026 y desde la ciudad de Popayán una reforma estructural a la Ley 30 de 1992 que redefine el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia y que, según el Gobierno, salda una deuda histórica con las universidades estatales del país.
La nueva norma marca un punto de quiebre en la forma como se asignan los recursos a las instituciones públicas de educación superior. A partir de ahora, el crecimiento de sus presupuestos estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior, Ices, un indicador diseñado para reconocer los gastos reales del sector, como el sostenimiento de laboratorios, el pago de docentes, la financiación de proyectos de investigación y la modernización de la infraestructura.
Antes de esta reforma, los recursos para las universidades públicas aumentaban anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, un indicador que mide el comportamiento de precios de bienes y servicios como alimentos, transporte o arriendos, pero que no reflejaba las dinámicas propias del sistema universitario. De acuerdo con el Ejecutivo, esta diferencia generó durante décadas un rezago financiero que afectó la calidad, la cobertura y la capacidad instalada de las instituciones.
Además del cambio en la fórmula de actualización presupuestal, la Ley 2568 incorpora recursos adicionales destinados a ampliar la cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral del personal docente y administrativo, y mejorar la infraestructura física y tecnológica de las universidades públicas.
Durante el acto de promulgación, el presidente Petro subrayó que la educación superior es una herramienta fundamental para la construcción de paz en el país.
“La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad”, afirmó Gustavo Petro.
En esa misma línea, sostuvo que “la educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa y que lea no es capaz de matar a otra persona”, en un mensaje que vinculó directamente la inversión educativa con la superación de la violencia estructural que ha marcado la historia nacional.
El jefe de Estado también presentó cifras que, según indicó, respaldan los avances de su administración en materia de acceso. Desde el inicio del actual Gobierno, se han sumado 347.710 nuevos cupos en educación superior frente a los existentes en 2022.
“Aquí tenemos unas cifras; desde que comenzó el Gobierno se han sumado nuevos cupos adicionales a los que existían en el 2022: 347.710 estudiantes, hombres y mujeres, que, si no hubiéramos hecho las inversiones que esto necesita, no estarían estudiando en el día de hoy”, agregó el mandatario de los colombianos.
De acuerdo con los datos oficiales, la cobertura en educación superior pasó de 54,9 % en 2022 a 60 % en 2025. Para el mandatario, estas cifras representan a jóvenes “de sangre y hueso, músculo, cerebro y corazón” que hoy acceden a oportunidades de formación profesional gracias a una política pública orientada a fortalecer el sistema estatal.
En el mismo escenario, el presidente impartió una instrucción directa al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para que la meta de nuevos cupos al finalizar su mandato alcance los 400.000 estudiantes adicionales, y que en el siguiente semestre del Plan Nacional de Desarrollo —aunque ya no esté en la Presidencia— se supere el medio millón de nuevos ingresos frente a la línea base de 2022.
Por su parte, el ministro Rojas aseguró que con esta reforma financiera el denominado “Gobierno del Cambio” cumple una promesa hecha al movimiento estudiantil y a la sociedad colombiana.
“Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero”, manifestó el funcionario de gobierno.
El titular de la cartera de Educación resaltó que el ajuste ordenado por el jefe de Estado fue significativamente mayor al solicitado en su momento por las movilizaciones estudiantiles. Mientras en años anteriores se planteaban incrementos del IPC más 1,5 o 4 puntos adicionales, el Gobierno adoptó un ajuste equivalente a IPC más 30 puntos, lo que —según Rojas— representa cinco veces más de lo que exigía el movimiento estudiantil.
Asimismo, el ministro envió un mensaje político a la comunidad universitaria al afirmar que no se retornará a “épocas de persecución ni de silencios forzados”, y reiteró que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un negocio.
En un tono emotivo, invitó a los estudiantes a transformar sus consignas tradicionales: “Ya no son los tiempos en que decíamos ‘no dejemos privatizar la universidad pública’, porque ya no la pueden privatizar. Ahora debemos gritar y cantar defendamos lo que hemos logrado gracias al cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado”, concluyó ante los aplausos de los universitarios presentes.
Con la promulgación de la Ley 2568, el Gobierno busca dejar una base financiera más sólida para el sistema de educación superior pública, con el propósito de ampliar el acceso, mejorar la calidad académica y consolidar la universidad estatal como eje estratégico del desarrollo y la construcción de paz en Colombia.