Alejandro Ramelli, magistrado y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), envió esta semana una carta a los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), denunciando las medidas adelantadas por el Gobierno como reducir su presupuesto y trasladar sus recursos al sistema judicial, y un proyecto que avanza en el Congreso para interferir en sus decisiones sobre los militares, que pondrían en riesgo su funcionamiento operativo y su autonomía como tribunal alternativo.
En el documento, el presidente de la JEP pide al organismo internacional que vigile y ejerza control sobre los movimientos del Ejecutivo colombiano, teniendo en cuenta que, desde su candidatura, el hoy presidente De la Espriella manifestó su oposición a las decisiones del tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016.
De hecho, en su primer discurso como presidente, De la Espriella afirmó que “la JEP no es un tribunal judicial, lava las manos de narcoterroristas de las FARC”.
En un comunicado del 18 de septiembre, la JEP expone los riesgos que corre ante proyectos que los partidos de Gobierno mueven en el Congreso, con beneplácito presidencial.
“La propuesta de modificar el presupuesto de la nación de 2027, radicada este jueves ante el Congreso de la República por el senador Enrique Gómez Martínez, y que pretende trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura, pone en grave riesgo el funcionamiento del tribunal transicional creado en el Acuerdo Final de Paz”, asegura la JEP.
Por ello, en su derecho a pedir intervención, “la Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.
Ante esta denuncia internacional, el presidente De la Espriella respondió este domingo, 20 de septiembre, en un largo comunicado desde su cuenta de X.
El mandatario asegura que la JEP habla de “una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción, derivada de iniciativas legislativas y presupuestales que cursan en el Congreso”, y aclara que “no comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”.
“Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, sostiene, aunque la misiva de la JEP no habla de decisiones, sino de medidas y proyectos expuestos por el Gobierno y partidos afines.
Fue enfático en que “el presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos”.
En este sentido, indicó que “desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de TRES BILLONES DE PESOS (...) Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”.
Por último, criticó los resultados de la JEP y reiteró que “no tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe —por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública— como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad”.