El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que intervenga de manera preventiva en varios procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La petición argumenta que estos procesos involucran “asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos”.
De acuerdo con el comunicado, la instrucción busca que las decisiones que hoy toma la UNP se ajusten a los principios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva, en momentos en que se aproxima el cambio de mando.
De La Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, junto con su gabinete ministerial, y ambos dependerán de los esquemas de protección que administra esa entidad.
El contrato de escoltas por $78.000 millones
La principal preocupación señalada por el Gobierno electo es el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones y mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
Según la solicitud, la adjudicación de este contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que —según el comunicado— impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.
Por esa razón, el equipo de empalme pidió a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre el proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar la suspensión preventiva de la contratación, hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la misma.
Más de 5.100 cargos en provisionalidad
La solicitud remitida a la Procuraduría también incluye la intervención preventiva frente al proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que, según el comunicado, únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
El contrato de 188 botes y 264 motores fuera de borda
El presidente electo también ordenó solicitar vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la https://www.elpais.com.co/politica/petro-dice-que-presunto-cartel-de-corrupcion-en-la-unp-se-extiende-al-inpec-y-la-fiscalia.html busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país.
La petición al Ministerio Público solicita revisar la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, con el fin de asegurar una contratación transparente y ajustada a la normatividad vigente.
Vigilancia sobre contratos para resguardos indígenas
El comunicado señala además que la solicitud a la Procuraduría cubre seis procesos de contratación iniciados en julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.
Frente a estos procesos, el Gobierno electo pidió verificar si las necesidades que originaron cada contratación están debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento, con el objetivo de lograr mayor eficiencia administrativa, economías de escala y un mejor uso de los recursos públicos. También solicitó revisar los estudios previos, el análisis del sector, las especificaciones técnicas y los requisitos habilitantes de cada proceso.
La posición del presidente electo
Según el comunicado, De La Espriella ha reiterado que la transición entre gobiernos debe desarrollarse “con absoluto respeto por las instituciones y bajo los más altos estándares de legalidad y responsabilidad administrativa”.
Por ello, considera que la intervención preventiva de la Procuraduría resulta necesaria para fortalecer la confianza institucional, proteger el derecho fundamental a la vida de las personas amparadas por la UNP y garantizar que las decisiones sobre estos procesos se adopten con plena observancia de la Constitución, la ley y el interés general.
El comunicado fue firmado por la Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia .
Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Procuraduría General de la Nación ni la Unidad Nacional de Protección se habían pronunciado públicamente sobre la solicitud del Gobierno entrante.
(*) Este texto fue redactado con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial a partir del Comunicado de Prensa 159 de la Oficina de Prensa del Presidente Electo, y fue revisado y editado por un periodista especializado antes de su publicación.