El despacho de la representante Gloria Arizabaleta fue objeto de una nueva inspección por parte de la Corte Suprema de Justicia este martes 23 de junio, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por una denuncia de prevaricato relacionada con la orden de suspensión que profirió contra el presidente Gustavo Petro.
La diligencia fue ordenada por el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción, y corresponde a una segunda visita judicial a la oficina de la congresista, quien además permanece suspendida de la presidencia de la Comisión de Acusaciones.
La actuación penal se originó a raíz de un auto expedido por Arizabaleta en el que ordenó la suspensión del jefe de Estado por una presunta participación indebida en política.
Esa decisión desató un fuerte remezón jurídico y político, pues la representante fue denunciada por considerar que habría adoptado una medida contraria a la ley al incluir, dentro de un auto de trámite, una medida cautelar de esa magnitud contra el Presidente de la República.
“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero cuando lo vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está ejerciendo su derecho de representación, sino actuando como una criminal, cometiendo un delito de extorsión, porque ha pedido cosas que yo no he querido conceder, a pesar de que hace parte de mi partido”, dijo el presidente Petro en ese momento.
Por estos mismos hechos, Arizabaleta fue suspendida provisionalmente dentro de una investigación disciplinaria que avanza en la Procuraduría.
En paralelo, el despacho del magistrado Rodríguez también ordenó la práctica de nuevas pruebas dentro del expediente, entre ellas una declaración juramentada del presidente Petro, luego de que este calificara la actuación de la congresista como un supuesto chantaje.
La denuncia penal por prevaricato por acción fue presentada por el exministro y actual integrante de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, quien sostiene que la representante se extralimitó al ordenar la suspensión del presidente hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m., hora fijada para el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial.
En su criterio, la decisión sería “abiertamente contraria a la Constitución y a la ley”.
Según el documento, aunque en el auto se reconoce que existe un procedimiento constitucional especial para investigar y juzgar al jefe de Estado, la congresista habría aplicado de manera directa normas del Código General Disciplinario para decretar la suspensión, desconociendo el debido proceso previsto para el Presidente, quien cuenta con un fuero especial.