Según Semana, existe un auto mediante el cual la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en el que “dispuso avocar conocimiento” frente a la tutela que Sandra Ortiz Nova presentó.
En él, la exfuncionaria pública insistió en que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa, a propósito del proceso penal que tiene en su contra por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La defensa de Ortiz entuteló a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, además de los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de Bogotá por, según dice, no haber revisado el recurso de habeas corpus que radicó, argumentando que se encuentra privada de la libertad injustamente.
Cabe recordar que la exfuncionaria está cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad desde el pasado 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, ha asegurado que hasta hoy no se ha iniciado el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
Esta nueva información se da días después de que la Corte Suprema confirmara la providencia mediante la cual se le negaba por “improcedente el amparo de habeas corpus” al que había recurrido la defensa de la exfuncionaria.
Según la Fiscalía General, entre septiembre y octubre del 2023, quien por ese entonces se desempeñaba como consejera regional de la Presidencia jugó un papel clave en el entramado de corrupción que desvió millonarios contratos y recursos de la UNGRD con el objetivo de favorecer a un grupo de congresistas a cambio de sus votos en la discusión de propuestas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Según se conoció, en la antesala a un consejo de ministros, Ortiz recibió instrucciones del que fuera en ese momento director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y del director de la UNGRD, Olmedo López, para que desviara recursos de tal forma que llegara a manos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Luego de esto, la consejera habría organizado un desayuno en el lugar en el que residía de manera temporal, para fijar el monto que se les entregaría a dichos congresistas, además de la forma en que este sería entregado.
La exfuncionaria habría prestado sus camionetas blindadas para transportar el dinero desde el centro de Bogotá hasta un edificio en el nororiente, donde vivía el senador de la Alianza Verde, Iván Name, según lo ha señalado Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y también salpicado en el escándalo.