La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia emitir un fallo condenatorio contra el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, en el marco de un proceso judicial que analiza decisiones adoptadas durante su etapa como juez en Tunja.
El caso se remonta al periodo en el que Suárez Vacca ejercía como Juez en la capital de Boyacá, donde según la tesis del Ministerio Público, el hoy congresista habría incurrido en el delito de prevaricato por acción agravada en modalidad de conducta continuada, al tomar la decisión de otorgar beneficios penitenciarios.
En particular, a la decisión de otorgar la detención domiciliaria a una persona condenada por delitos graves, entre ellos secuestro y narcotráfico.
El hombre beneficiado, habría sido Lelio Nevardo Ávila Santana, quien pagaba una condena de 17 años de prisión por los delitos ya mencionados.
Para la Procuraduría, dicha decisión no cumplía con los requisitos legales establecidos, lo que configuraría una actuación irregular desde el punto de vista jurídico.
No obstante, y de ser condenado por el ente de control, el congresista podría enfrentar una pena de entre 4 y 12 años de prisión, según lo establecido en el artículo 413 del Código Penal colombiano.
Cabe decir que, el ente de control sostiene que existen pruebas suficientes para demostrar que las decisiones del entonces juez no obedecieron a una interpretación razonable del derecho, sino que fueron contrarias al ordenamiento jurídico. Bajo ese argumento, pidió a la Corte Suprema declarar su responsabilidad penal.
De hecho, una de las pruebas más relevantes, y por la que el congresista podría ver comprometida su libertad, es una carta escrita por Suárez Vacca, dirigida al propio Ávila Santana, que fue reconocida por el ahora señalado.
En ella, el congresista, que para ese momento asumía labores de juez habría dado instrucciones para manejar con discreción la comunicación con el condenado, ante la latente preocupación por investigaciones disciplinarias en curso.
En dicha misiva, el funcionario habría solicitado que ese escrito fuera devuelto al portador.
Eso, sin contar que, entre el material probatorio, también se encuentran los testimonios de Jhon Carlos Mancipe Puerto, señalado como intermediario entre ambos, y del propio Ávila Santana, quien confirmó mantener contacto con el juez por fuera de los canales institucionales.