El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ordenó a la Cámara de Representantes remitir en un plazo de tres días hábiles las actas faltantes del trámite de la reforma pensional y respondió a los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, sobre supuestas dilaciones, al afirmar que entiende el interés del Ejecutivo en un trámite importante para la ley.
A través de un auto con fecha del 11 de agosto, el magistrado Ibáñez, quien sustancia el expediente, requirió formalmente a la presidencia de la Cámara de Representantes para que allegue las actas aprobadas y certificadas de las sesiones plenarias extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, junto con un informe sobre el quórum deliberatorio y decisorio de dichas jornadas.
En la providencia, el togado respondió a las críticas de Petro y de algunos de sus ministros, quienes señalaron públicamente que el magistrado buscaba retrasar la decisión final sobre la ley. Ibáñez aseguró que, aunque esos señalamientos “no corresponden a la verdad”, los interpreta desde la buena fe.
“Se entenderá que la intención del señor Presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad del asunto”, afirmó Ibáñez en el documento. Explicó que, para garantizar la celeridad, fijaba un “segundo y último plazo, de carácter perentorio, de tres días hábiles” para recibir las pruebas.
Un trámite bajo la lupa
La controversia surgió después de que la Corte Constitucional encontrara un vicio de procedimiento en la aprobación de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) y ordenara a la Cámara de Representantes repetir la votación. Aunque la Cámara informó el 21 de julio sobre el cumplimiento de dicha orden, el magistrado Ibáñez consideró que el acervo probatorio estaba incompleto.
El pasado 22 de julio, el despacho de Ibáñez suspendió el estudio de fondo y ordenó la práctica de 17 pruebas adicionales para verificar que el procedimiento se hubiera subsanado correctamente.
Entre las pruebas solicitadas se encontraban copias de los decretos con los que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias, una certificación sobre un viaje del Presidente el 27 de junio, y 14 certificaciones a la Cámara sobre citaciones, quórum, proposiciones y el cumplimiento del análisis de impacto fiscal de la norma.
La solicitud de nuevas pruebas desató una fuerte reacción del Gobierno. El mandatario calificó la demora como un “golpe de Estado”, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó si el magistrado se estaba extralimitando en sus funciones.
Las declaraciones generaron un rechazo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) que advirtió sobre un “riesgo para la separación de poderes”.
En este contexto, el ciudadano Javier Ibáñez Romero radicó una nueva solicitud de recusación contra el magistrado Ibáñez, argumentando que la orden de recolectar más pruebas evidencia un interés en dilatar el fallo.
La situación se complejizó con una comunicación de la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, quien señaló a la Corte supuestas irregularidades cometidas durante las sesiones extraordinarias, lo que podría derivar en la inexequibilidad de la ley.
Por su parte, el entonces presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, defendió su gestión y concluyó: “Quise pecar por exceso y no por defecto”.
El trámite de revisión constitucional de la reforma pensional se mantiene suspendido hasta que la Cámara allegue los documentos requeridos y la Corte los analice para tomar una decisión definitiva.