Aunque ya se han adelantado todos los procedimientos administrativos para certificar oficialmente el resultado electoral del pasado 21 junio, además de validar el escrutinio y expedir las credenciales como presidente electo a Abelardo de La Espriella, con miras a su posesión prevista para el 7 de agosto, el presidente saliente Gustavo Petro anunció que acudirá a la vía judicial para controvertir la validez de la elección, incluyendo la solicitud de nulidad del acto de declaratoria.
Dentro de ese escenario, se prepara una demanda que será presentada el martes 7 de julio contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. El recurso estará a cargo del exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, quien además habilitó una plataforma digital para que otros ciudadanos se sumen como demandantes, manteniéndolo como accionante principal.
La acción jurídica deberá ser estudiada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En caso de ser admitida, uno de los primeros puntos a definir será si procede o no la solicitud de medida cautelar para suspender la ceremonia de transmisión de mando presidencial.
El pronunciamiento del mandatario saliente Gustavo Petro tomó mayor relevancia tras un extenso mensaje publicado en X en el que insistió en que sus seguidores no deben recurrir a la violencia y que las diferencias se tramitarán por la vía judicial. Sin embargo, también señaló que se entra en una etapa que denominó “resistencia activa”, condicionada a posibles acciones del nuevo gobierno que, según él, puedan afectar derechos adquiridos. En ese contexto, sugirió la posibilidad de movilizaciones sociales, afirmando que “el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles”.
Asimismo, el presidente Gustavo Petro indicó que impulsará acciones legales contra quienes considere responsables de injurias o calumnias, señalando que, una vez deje de ejercer la jefatura del Estado, presentará denuncias civiles contra quienes, a su juicio, difundan ataques contra su persona, su familia o su proyecto político.
Esta postura se enmarca en declaraciones recientes entregadas por el excandidato oficialista Iván Cepeda, quien ha reiterado su llamado a una “desobediencia civil pacífica”, aunque sin detallar mecanismos concretos de acción, pese a su rol actual como senador.
En medio de este ambiente político, persiste la incertidumbre sobre si podrían reactivarse grupos de protesta social similares a las registrados en años anteriores, cuando distintas movilizaciones generaron fuertes tensiones en varias ciudades del país.