El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución que establece los topes de gastos de campaña para los candidatos presidenciales que participen en las consultas interpartidistas, programadas para el 8 de marzo de 2026, antes de la elección presidencial general.
La medida busca garantizar que todos los aspirantes compitan en condiciones equitativas y evitar que algunos cuenten con ventajas económicas desproporcionadas frente a sus rivales.
Según la Resolución 12111 de 2025, el límite máximo de recursos que podrán invertir los aspirantes en estas consultas será equivalente al 50 % del tope fijado para la primera vuelta presidencial.
En términos concretos, esto significa que los candidatos podrán gastar hasta 18.555.251.477 pesos, la mitad del tope total que corresponde a la campaña de la primera vuelta, fijado en 37.110.502.954 pesos. Esta disposición busca controlar los gastos excesivos y promover una competencia más transparente.
El tope no se asigna de manera individual por cada candidato, sino que corresponde al partido político, movimiento o grupo significativo de ciudadanos que los presenta.
En los casos donde varios aspirantes estén inscritos bajo la misma colectividad, los recursos deben distribuirse de manera conjunta entre todos los precandidatos que participen en la consulta. Esto garantiza que todos los integrantes del grupo tengan acceso equitativo a los recursos financieros durante la campaña.
La normativa también contempla la financiación estatal y la reposición por votos, asegurando que los partidos que accedan a aportes anticipados puedan destinar estos recursos a propaganda política y otros gastos de campaña de manera transparente.
Además, los precandidatos contarán con tiempo asignado en debates y espacios públicos de presentación de programas de gobierno, tanto en medios de comunicación como en eventos institucionales, como parte del ejercicio democrático.
La definición de estos topes de gasto busca no solo promover la equidad entre los participantes, sino también fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en un proceso electoral que atrae la atención de millones de colombianos.
Cabe mencionar que la MOE advirtió que entre marzo y octubre los aspirantes presidenciales invirtieron cerca de 799 millones de pesos en publicidad digital.
Este tipo de medidas contribuye a que las consultas interpartidistas se desarrollen de manera ordenada y que los recursos económicos no se conviertan en un factor de desigualdad entre los precandidatos.
Con estas reglas, el CNE asegura que las consultas interpartidistas de marzo de 2026 se realicen bajo condiciones de competencia justa y controlada, estableciendo un precedente en la regulación de gastos de campaña y garantizando que la política en Colombia avance hacia una mayor transparencia y responsabilidad financiera.