Cielo Rusinque, quien en los próximos días volverá a ser superintendente de Industria y Comercio pese a que el Consejo de Estado había anulado su designación, aseguró que la decisión del presidente Gustavo Petro de volverla a nombrar en el cargo no es una burla a la justicia.
“Esta no es una burla a la justicia y menos cuando es la misma justicia la que no pareciera obrar bajo el estricto apego al imperio de la ley y del derecho”, manifestó en un video que publicó en sus redes sociales.
Este fin de semana se conoció que la hoja de vida fue publicada en la Presidencia de la República como aspirante a ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio.
Rusinque había renunciado a ese mismo cargo el pasado 19 de marzo, el mismo día en que se conoció un fallo del Consejo de Estado que declaró nulo su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio porque, de acuerdo con el alto tribunal, no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.
Sin embargo, dos semanas antes del fallo del Consejo de Estado, el Gobierno expidió el Decreto 0226, que modificó los requisitos para ocupar el cargo, parámetros que ahora sí cumple Rusinque.
La funcionaria negó que el Gobierno haya bajado los estándares para permitirle ocupar el cargo. Dijo que el decreto se expidió no solo respecto de esa sino de tres superintendencias y, según ella, lo que se estaba haciendo era cumplir otro fallo del Consejo de Estado que había dejado sin piso los requisitos que se exigían antes.
“Se acató el fallo, pero hoy existe un nuevo decreto. Y bajo ese marco cumplo plenamente los requisitos”, manifestó.
Según Rusinque, lo que está en juego no es si una persona cumple o no los requisitos para ocupar un cargo, sino “si la Constitución sirve para abrir la democracia o para custodiar a los privilegiados de siempre”.
Bajo el nuevo marco normativo, basta con ser profesional, tener una maestría y seis años de experiencia relacionada, o contar con una especialización y siete años de trayectoria afín, condiciones que encajan con el perfil de Rusinque.
El regreso de Rusinque a la SIC se da en medio de una sanción de la Procuraduría General de la Nación a 16 funcionarios y contratistas de esa superintendencia por presuntas irregularidades cometidas en 2024, durante inspecciones a la Registraduría Nacional y a la Cancillería, en el marco de investigaciones sobre los procesos contractuales de la firma Thomas Greg & Sons.
Según el Ministerio Público, en esas diligencias se accedió y extrajo información de equipos institucionales y personales, incluyendo datos del censo electoral de la nación, historiales clínicos privados y registros amparados por reserva legal, que no tenían relación con los contratos investigados.
Frente a esas sanciones, Rusinque había expresado su “apoyo irrestricto” a los sancionados y calificó la decisión del Ministerio Público de “arbitraria” contra funcionarios que “simplemente estaban cumpliendo con su función legal y constitucional”.