Fuentes del Centro Democrático confirmaron a la revista Semana que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió en los últimos días una carta anónima con información sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En el documento se señala que el crimen del precandidato presidencial habría sido acordado en Ecuador y que contaría con financiación de un mandatario departamental, cuya identidad se mantiene en reserva. También se advierte sobre presuntos vínculos de ese político con grupos armados ilegales.
El informante concluye el mensaje dirigiéndose a Uribe: “Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima, la que el exalcalde y yo tenemos. De antemano, muchas gracias. Dios y la patria lo protejan siempre”.
Tras la revelación de la periodista Darcy Quinn, de La FM, distintos sectores políticos pidieron la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y verificar el contenido del documento que está en poder del exmandatario.
Una de las solicitudes fue hecha por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien a través de su cuenta de X dijo: “¡Urgente! Gravísima denuncia hace Darcy Quinn sobre esta carta anónima que señala, supuestamente, a un gobernador con el magnicidio de Miguel Uribe. La Fiscalía debe investigar a fondo”.
Hasta ahora, según lo establecido por la Fiscalía y la Policía Nacional, la Segunda Marquetalia habría ordenado el asesinato del precandidato presidencial, y varias personas han sido condenadas por estos hechos.
Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los autores intelectuales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca reforzar la protección de los aspirantes a la Casa de Nariño que han denunciado amenazas en el marco de su actividad política.
Semana conoció que, por ahora, se investigan 23 hechos que podrían comprometer la seguridad de los candidatos. La atención está puesta en estructuras como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc, tanto las asociadas a Calarcá como a Mordisco, que buscarían alterar el orden público.
De hecho, esta campaña presidencial ha sido una de las más tensas por cuenta de las amenazas a los candidatos. En las últimas semanas, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas y sus fórmulas han denunciado estar siendo amenazados, y hasta se habla de planes de asesinato contra algunos de ellos.
Ante la situación, el Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad de los aspirantes a la Presidencia de Colombia.
Entre las principales decisiones se encuentra el despliegue de más de 6000 uniformados adicionales, así como el refuerzo de los esquemas de protección no solo para los aspirantes, sino también para sus familias. Estas acciones buscan prevenir posibles atentados y garantizar condiciones de seguridad en medio de la campaña electoral.