Al finalizar el primer periodo de sesiones ordinarias de la última legislatura, el balance del Congreso de la República muestra un panorama mixto: avances en proyectos de carácter social y educativo, y más dificultades para tramitar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
De hecho, desde julio pasado las sesiones han estado marcadas por una relación compleja entre la Casa de Nariño y el Legislativo, especialmente el Senado.
Por ello, el Gobierno Nacional insistió en proyectos clave para su agenda de transformaciones, pero se encontró con resistencias que derivaron en el hundimiento de iniciativas como la reforma tributaria y la llamada reforma a la salud 2.0, que fue archivada esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara alta, con ocho votos a favor y cinco en contra.
El golpe más fuerte para el Ejecutivo se dio en el frente económico, dado que, por segunda vez en un año, el Senado negó la tributaria o ley de financiamiento, con la que el Gobierno buscaba completar el Presupuesto General de la Nación para 2026, hecho que obligará a realizar recortes en el gasto o la inversión.
Paradójicamente, el Congreso sí aprobó el Presupuesto, pese a que el trámite estuvo a punto de naufragar: se avalaron $ 546,9 billones, pero con un recorte de $ 10 billones frente a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Un proyecto de ley que está en veremos es la creación del Ministerio de la Igualdad. Aunque fue creado en 2023, como uno de los compromisos de campaña del presidente Gustavo Petro, y le fue encargada a la vicepresidenta Francia Márquez, un vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional obligó a presentar de nuevo la iniciativa ante el Legislativo.
Si bien las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara avalaron la ponencia que mantiene viva esa cartera, no está claro que salga adelante, debido a muchos congresistas se oponen a su creación.
“Yo les quiero recordar que este ministerio tenía un presupuesto de $ 1,3 billones, de los cuales $ 900.000 millones eran para burocracia y apenas $400.000 para gastárselos. Claro que Colombia tiene un problema de igualdad, pero que no nos digan que uno trabaja la integración social con una nómina burocrática”, dijo la senadora y candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia.
También quedó frenado el proyecto de ley que reglamenta la implementación de la Jurisdicción Agraria, una reforma constitucional aprobada el año anterior.
Aunque la iniciativa superó su primer debate en las comisiones de ambas cámaras, no avanzó en las plenarias.
La controversia alrededor de un artículo que abría la puerta a la llamada “expropiación exprés” terminó por bloquear el trámite, por lo que el futuro del proyecto quedó aplazado hasta marzo de 2026, cuando se retomen las sesiones ordinarias.
La lista de iniciativas estancadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes incluye también la ley de sometimiento, radicada por el entonces ministro de Justicia, Jorge Eduardo Montealegre.
Ese proyecto buscaba establecer beneficios judiciales para grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’, pero no obtuvo el respaldo suficiente en la Comisión Primera de la Cámara y terminó archivada.
Algo similar ocurrió con el proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial, que el Ejecutivo presentó como un paso histórico para el país.
Elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el apoyo de las carteras de las TIC y Educación, el Departamento Nacional de Planeación y aportes de universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, tampoco logró avanzar, pese a contar con mensaje de urgencia desde la Casa de Nariño.
De acuerdo con un informe de la firma Orza, la efectividad legislativa del Gobierno Nacional desde el pasado 20 de julio fue de apenas 4,5 %, el nivel más bajo del cuatrienio.
De las 22 iniciativas radicadas por el Ejecutivo, solamente una logró convertirse en ley: el Presupuesto General de la Nación, mientras el resto quedó archivado o estancado en medio de un Congreso sin mayorías estables.
Ahora bien, más allá del listado de proyectos aprobados, el balance del Legislativo deja al descubierto una dinámica de fondo: la dificultad para construir consensos duraderos entre el Ejecutivo y los senadores y los representantes a la Cámara.
El informe de Orza advierte que el Capitolio Nacional enfrenta una fuerte congestión legislativa, con 328 proyectos de ley heredados de periodos anteriores y más de 700 iniciativas radicadas en el actual, lo que ha profundizado los cuellos de botella en comisiones y plenarias.
Para el analista político Álvaro Benedetti, el balance deja en evidencia una relación rota entre la Casa de Nariño y el Congreso.
“El saldo final es que ambas instituciones, Gobierno, por un lado, y Congreso, por otro, funcionan, actúan, pero claramente no cooperan”, señala.
A su juicio, el Ejecutivo mostró dificultades para traducir su mandato político en acuerdos legislativos sostenibles, mientras el Congreso actuó más desde el bloqueo y el cálculo político que desde la deliberación de fondo.
Benedetti también advierte sobre la paradoja fiscal del cierre legislativo: “Llama la atención que se aprueba el Presupuesto, pero no queda claro cómo se va a financiar”.
Una lectura distinta plantea el analista político John Mario González, quien considera que el balance para el Gobierno no es del todo negativo y explica que la relación de este con el Senado llegó a un escenario de bloqueo institucional, especialmente en medio del debate sobre una eventual consulta popular.
En ese contexto, señala que presentar una reforma tributaria en el cuarto año de gobierno fue una muestra de fortaleza política, pese a que tuvo un alto costo, evidenciado en prácticas como la llamada compra al detal de apoyos parlamentarios expuesta en el escándalo detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Para el analista político Yann Basset, la Casa de Nariño obtuvo en el primer semestre de este año una de sus mayores victorias legislativas, con la aprobación de la reforma laboral.
Sin embargo, advirtió que, más allá de ese logro, el Ejecutivo no consiguió avances sustanciales.
A su juicio, el hundimiento de la tributaria se convirtió en la mayor derrota legislativa del Gobierno, al paralizar buena parte de su agenda en un momento marcado por el inicio de la campaña electoral.
El informe de Orza coincide en que el ambiente preelectoral ha debilitado la capacidad del Congreso para asumir costos políticos.
Según el análisis, la fragmentación de las bancadas y la ausencia de coaliciones estables han convertido al Legislativo en un escenario de mayorías ocasionales, lo que dificulta la aprobación de reformas estructurales y profundiza la parálisis institucional .
Así, el balance del Congreso no solo se mide por las leyes aprobadas o hundidas, sino por la imposibilidad de resolver la tensión fiscal que enfrenta el país y condiciona la recta final del mandato de Gustavo Petro.
De cara al 2026, Gonzalo Araújo, analista político, señala una conclusión sobre el Legislativo: “El margen para destrabar reformas estructurales luce limitado, el Congreso regresará el 16 de febrero y, con las elecciones del 8 de marzo en el horizonte, los incentivos para asumir costos políticos por iniciativas del Gobierno tienden a disminuir. Tras las elecciones, con un nuevo mapa político en consolidación, se anticipa un escenario de mayor resistencia y menos disposición a acuerdos”.