El pasado 3 de enero marcó un antes y un después para la denominada ‘Revolución Bolivariana’ que gobernó Venezuela en las últimas décadas. Con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses, el país vecino vislumbró por un instante el fin de la dictadura que se acentuó con el paso de los años, y que se hizo evidente cuando el chavista se autoproclamó ganador de las elecciones del 2024, sin presentar pruebas que respaldaran esa escogencia.
Sin embargo, esa captura no implicó un cambio inmediato en el régimen. Contrario a lo que muchos estimaban, la dirección del país no pasó a manos de la oposición, en cabeza de la Nobel de Paz María Corina Machado, sino que siguió en el chavismo, bajo la égida de quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.
Mucho más dispuesta a sostener un diálogo en concordancia con los intereses estadounidenses, en lo que va del mandato de la abogada integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela se han presentado hechos inéditos para las relaciones entre los dos países, como el intercambio de millones de barriles de crudo, además de procesos de excarcelación de presos políticos.
Sin embargo, la sensación generalizada entre los venezolanos es de incertidumbre. ¿Cómo es vivir en el vecino país bajo la figura tutelar de Donald Trump?
La sombra de Washington
La acción militar por parte de los Estados Unidos se convirtió en el punto de partida del involucramiento, cada vez más directo, por parte de ese país en la manera en la que se ejerce la política en Venezuela.
Para Ronal Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario e investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, esto ha hecho del país vecino un “régimen dictatorial tutelado”, lo que en la práctica significa que, en lugar de cambios en materia de defensa de derechos humanos y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el gobierno de Donald Trump se ha hecho al poder de decidir sobre aspectos claves en relación con su propia agenda.
“Más allá de una transformación y un camino a la democracia, lo que tenemos es una dinámica de convivencia entre un régimen dictatorial que se ha alineado con los intereses económicos de los Estados Unidos para poder mantenerse en el poder, y este país, que ha encontrado un espacio de acción importante para ir por una serie de recursos estratégicos y desplazar a potencias extracontinentales que riñen por el acceso a América Latina”, dice, en referencia a la histórica relación que se ha establecido entre Venezuela y países como Irán, China y Rusia, con los que la Casa Blanca se ha disputado el control del escenario geopolítico por décadas.
El peso del petróleo, que muchos consideraron como el principal factor detrás de la invasión del suelo venezolano, a inicios de este año, se vio reflejado en las transacciones posteriores entre ambas naciones.
Diez días después de la captura de Maduro, salió del país el primer buque con crudo hacia Estados Unidos por un valor cercano a los US$ 500 millones.
Más allá de las grandes sumas de dinero que están representando estos acuerdos, la situación del vecino país, especialmente en materia de derechos humanos, sigue siendo crítica.
La realidad para los presos políticos
Otro de los grandes cambios que se esperaban en el país vecino tras la caída de Nicolás Maduro corría por cuenta de la difícil situación en materia de Derechos Humanos, en especial de los opositores, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente, engrosando las listas de presos políticos.
Gabriela Buada, investigadora especialista en Derechos Humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, asegura que todavía se siguen presentando detenciones a disidentes, a pesar de que el 19 de febrero entró en vigor la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada para excarcelar a personas detenidas por motivos políticos entre 1999 y 2025.
“Hace unas horas tuvimos noticias de la detención arbitraria de una activista en Táchira, que salió sin ningún tipo de medida cautelar o restricción. Fue apresada cuando se dirigía al Perú a visitar a su marido”, puntualiza.
La mención a las “medidas cautelares” es clave: según explica Buada, el proceso de excarcelación no ha representado en sí el fin de los procesos judiciales en contra de los disidentes. Una vez dejan las cárceles, se ven sujetos a condiciones por parte del régimen, entre las que están la prohibición de hacer declaraciones a medios de comunicación, la imposibilidad de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante un juez.
“Esto genera terribles violaciones a sus derechos, especialmente para personas que viven en sitios alejados al Palacio de Justicia de Caracas”, sostiene la investigadora.
Esta situación ha sido documentada por organismos internacionales. Recientemente, por ejemplo, las Naciones Unidas, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentó un análisis de la situación en materia de presos políticos y violaciones a los Derechos Humanos en el vecino país.
Según dice el informe, el 23 de enero Delcy Rodríguez indicó que 626 personas habían sido excarceladas con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, una cifra que, según ONG, fue mucho menor.
“Las cifras oficiales sobre las personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas”, reza el documento, y explica que hubo detenciones inmediatamente después de la captura de Maduro: 87 personas perdieron la libertad, 14 de ellas periodistas que cubrieron la juramentación de Rodríguez como presidente, y por lo menos 27 por celebrar la caída del exgobernante chavista hoy preso en Estados Unidos, incluidos 15 niños.
Según Txomin Las Heras Leizaola, también investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, las excarcelaciones han sido un proceso cuyo avance no ha sido tan rápido como el que se esperaba:
“Se produjeron unas liberaciones importantes, pero todavía quedan más o menos la mitad de los presos políticos que había en Venezuela. Esto va aunado al hecho de que el aparato represivo del Estado se mantiene intacto. Eso le da un enorme poder al país para, de alguna manera, reprimir y seguir manteniendo un régimen autoritario”, indica.
Todavía siguen en el poder las figuras que hacían parte del gabinete de Maduro, entre ellos, Diosdado Cabello, quien ocupa el cargo del ministro del Interior y de Justicia; sin embargo, esta semana Delcy Rodríguez tomó la decisión de destituir del Ministerio de Defensa al general Vladimir Padrino, uno de los militares más leales a Maduro.
Este tipo de medidas, además de congraciarla con Washington, pareciera darle un nuevo aire a los habitantes del país.
Para Marino Alvarado, director de la ONG Provea, los venezolanos están transitando un camino hacia la recuperación de su derecho a la protesta: “La población, en la medida en que ha ido perdiendo el miedo que les fue impuesto, ha empezado a reclamar en las calles. Ya lo están haciendo los trabajadores, ya algunos sectores están hablando de la posibilidad de paros y huelgas”.
No son pocas las razones. El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, no llega a ser 1 dólar. Además, cada vez son más frecuentes los apagones.
“En 2026 ha venido dándose un incremento de los apagones, sobre todo en la zona occidental del país, en estados como Zulia, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira, de cinco o seis horas diarias”, dice Alvarado y añade un factor que podría desencadenar grandes protestas al interior del país.
Según él, se ha dejado de distribuir la bolsa CLAC (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), del programa gubernamental con el que se subsidian alimentos básicos en el país: “Hay muchas dudas porque no hay anuncios oficiales si va a continuar y con qué regularidad, o si en definitiva van a suspender la distribución”.
La incertidumbre es el elemento común, una sensación que aumenta conforme avanza el tiempo sin que haya certeza de que en Venezuela habrá llamado a elecciones en el futuro inmediato.
Para Ronal Rodríguez, pese a la poca información que se tiene hasta el momento, existen versiones desde la administración de Donald Trump que situarían este escenario electoral para el 2027, lo que deja casi un año para que se reconfiguren las orillas políticas que estarán en la contienda, entre las que estaría la de María Corina Machado, quien ha sido ignorada en todo este proceso.
“Si ella no logra generar un discurso y una posición en alusión a un cambio político que permita el retorno a la democracia en Venezuela apoyado por los Estados Unidos, su figura perderá valoración política y aparecerán otras figuras que ya tienen ganado un terreno, como es el caso de Enrique Márquez, que está siendo posicionado tanto por el oficialismo venezolano como por el Gobierno de los Estados Unidos”, explica.
Erick Samuel González Caldea, periodista venezolano especializado en Derechos Humanos, opina que, para que se hable de comicios, primero se tiene que avanzar en las demás deudas que ha dejado el chavismo en los últimos años.
“Estamos esperando que se cumplan los nuevos acuerdos, que se libere la totalidad de los presos políticos, que haya voluntad política tanto por parte de quien esté en el poder como por parte de las asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, para que se cumplan estas acciones de transacción política. Todos esperamos que las elecciones se hagan”, anota.
De cara al futuro del país, el profesor Ronal Rodríguez hace referencia a la época en la que este reacomodo se está dando: “Por el momento, el que tiene fecha de caducidad no es propiamente el régimen venezolano, que se está adaptando a las nuevas circunstancias, y lleva 27 años en el poder. El que tiene fecha de caducidad es el presidente de los Estados Unidos, que tiene tres años por delante para lograr una transición política en Venezuela o para lograr una convivencia con el régimen”.