El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó este domingo 1 de marzo de 2026 una fuerte advertencia sobre lo que considera un riesgo latente de fraude electoral en Colombia, a pocos días de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas previstas en el calendario electoral.
A través de extensas publicaciones en su cuenta de X, el Mandatario cuestionó el modelo bajo el cual se ha gestionado el sistema de escrutinio en el país durante más de una década y denunció la persistencia de un esquema privado que, a su juicio, compromete la transparencia del proceso.
Según el Jefe de Estado, pese a que desde 2018 existe una orden del Consejo de Estado que obliga a la organización electoral a contar con un software propio, auditable y bajo control estatal, esa disposición no se ha cumplido.
Petro citó las sentencias 2014-00117 y 2014-00109-00, en las que —según afirmó— se documentó el sabotaje de 1412 mesas, la exclusión de 236.523 votos y la pérdida de tres curules en comicios anteriores, hechos atribuidos a irregularidades en el manejo tecnológico del proceso electoral.
“Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección”, escribió el mandatario, al insistir en que la orden judicial de 2018 continúa en desacato.
En sus mensajes, Petro dirigió sus cuestionamientos a la firma Thomas Greg and Sons, a la que señaló de ejercer un “monopolio privado tecnológico” sobre las elecciones.
Recordó que esta empresa ha participado en 26 de los 27 contratos electorales celebrados desde 2007 y que, además, tiene a su cargo la expedición de pasaportes en el país. Para el presidente, la concentración de funciones en un solo proveedor vulnera principios constitucionales que prohíben los monopolios.
De acuerdo con su denuncia, aunque en 2026 la multinacional Indra estaría encargada únicamente de la sumatoria nacional final de los datos, la mayor parte del proceso —preconteo, escrutinios locales y departamentales, digitación, consolidación de resultados, logística y kit electoral— seguiría en manos de Thomas Greg and Sons. En ese contexto, afirmó que solo un 15 % del fallo del Consejo de Estado se habría cumplido.
El Mandatario también cuestionó el costo de los contratos. Indicó que la última adjudicación a la empresa ascendió a $2,753 billones y que, en total, el Estado ha desembolsado $4,4 billones en contratos electorales desde 2007.
Según sostuvo, los sobrecostos alcanzarían el 300 %, generando excedentes cercanos a $1,8 billones. “La Contraloría y la Procuraduría, siempre sin auditar, dan el visto bueno”, afirmó.
Otro de los puntos críticos planteados por el Presidente fue la falta de auditoría independiente del software electoral. Señaló que el código fuente solo sería presentado, pero no examinado por expertos independientes ni por representantes técnicos de los partidos. Además, aseguró que el contrato no especifica acuerdos de nivel de servicio (ANS) y que no contempla sanciones claras por fallas.
En respuesta a la Misión de Observación Electoral (MOE), que se pronunció tras sus reclamos, Petro sostuvo que el marco normativo actual no obliga a realizar una auditoría técnica del software, lo que, en su concepto, evidencia un rezago frente a los avances tecnológicos.
El Jefe de Estado también cuestionó la relevancia del preconteo, al que calificó como un proceso opaco que influye decisivamente en la percepción pública de los resultados.
“Ha existido siempre una diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio final de alrededor de un millón de votos”, señaló, al sugerir que su eliminación permitiría ahorrar recursos y evitar distorsiones.
Finalmente, Petro afirmó que el 92 % de los procesos electorales permanece en manos privadas y advirtió que el país depende tecnológicamente de un proveedor sin control estatal efectivo.
Como medida inmediata, propuso fortalecer la labor de los testigos electorales y abogados de escrutinio, a quienes calificó como “la última barrera” para garantizar la autenticidad de los resultados en las próximas elecciones.