Las imágenes del terremoto que devastó hace unas semanas a Venezuela aún conmueven, no solo por la magnitud de la destrucción, sino por el dolor de las miles de familias que lo perdieron todo. Sin embargo, detrás de los edificios derrumbados y de las cerca de 4000 víctimas hay una segunda tragedia, menos visible: la inmensa mayoría de quienes sobrevivieron tendrá que reconstruir sus casas, apartamentos, locales, sin ningún respaldo económico porque nunca aseguraron su patrimonio con pólizas.
Es una realidad de la que Colombia debería aprender la lección. Las cifras exponen el panorama actual. Según Fasecolda, apenas el 7 % de las viviendas del país cuenta con un seguro contra terremoto. Eso significa que nueve de cada diez familias tendrían que enfrentar solas la reconstrucción de su casa en caso de un sismo de gran magnitud.
La situación resulta aún más preocupante en ciudades como Cali, ubicada en una de las zonas sísmicamente más activas del continente y rodeada de fallas geológicas. Además, buena parte de sus edificaciones fueron construidas antes de que existieran normas modernas de sismorresistencia o mediante procesos de autoconstrucción que hoy representan un factor adicional de vulnerabilidad.
Lo paradójico de todo es que la principal barrera para asegurarse no parece ser el precio. Asegurar una vivienda puede costar al mes el mismo valor de un plan de celular. El verdadero obstáculo sigue siendo cultural. En Colombia todavía prevalece la idea de que los seguros son un gasto prescindible.
La prevención no puede limitarse a construir mejores edificios o fortalecer los sistemas de atención de emergencias, algo que, por supuesto, debe hacerse. Pero también se deben incluir mecanismos que permitan a las familias recuperarse económicamente cuando ocurre lo inesperado.
Las tragedias suelen dejar enseñanzas. La peor respuesta sería observar lo ocurrido en Venezuela con la falsa tranquilidad de pensar que aquí no puede suceder.