La Registraduría Nacional lleva tiempo reclamando que no le alcanza el presupuesto que se le asigna para realizar las jornadas de participación ciudadana, llámense elecciones, consultas populares o consultas internas.

Por ello cuando se sabe que la entidad gastó $4084 millones para que tres partidos políticos escogieran candidatos en 12 municipios, y al final salieron a las urnas 48.000 personas de las 308.313 aptas para votar, hay que preguntarse si se justifica todo ese entramado.

El caso más grave fue el de Yumbo, donde de 101.682 votantes habilitados, apenas 683 acudieron a los puestos, es decir el 0,63% del censo electoral.

Si en ese municipio estaba la tercera parte de los votantes potenciales, por lo cual se le debió asignar al menos un tercio de los recursos dispuestos, las cuentas dicen que cada voto en Yumbo le costó $2.111.141 a los contribuyentes colombianos.

Son despilfarros que no se compadecen con la realidad fiscal y deberían llevar a una reflexión sobre las consultas internas.

Resultados como los del domingo ponen en entredicho esas consultas y el poder de convocatoria de los partidos políticos.

Gastarse tanto dinero cuando la abstención alcanza el 99,3% como sucedió en Yumbo es una afrenta a la democracia y al bien común, que además afecta la credibilidad de las consultas como ejercicio democrático.