El Estado no puede permanecer indiferente a los hechos violentos que se están cometiendo en contra del sector cañicultor en el norte del Cauca.

Hace dos días se presentó un nuevo ataque a trabajadores de un ingenio, el cuarto en lo que va corrido de este año, esta vez en zona rural del municipio de Miranda.

Mientras realizaban labores agrícolas, hombres armados ingresaron a las plantaciones y les dispararon, causando la muerte de uno de ellos y dejando a otro más herido.

Lo ocurrido en Miranda no parece ser un hecho aislado; hay que recordar que desde hace varios años propiedades privadas dedicadas a la caña de azúcar han sido invadidas ilegalmente por comunidades que reclaman derechos sobre esas tierras.

A la vez queman cultivos, destruyen maquinaria agrícola y la situación ha llegado a tal extremo que se ataca a los trabajadores que defienden su derecho al empleo y a vivir con tranquilidad.

Son hechos graves en los que las acciones de la Fuerza Pública son insuficientes o se ven limitadas por la presión de quienes ejercen la violencia.

Por ello hay que reclamar una mayor presencia del Gobierno Nacional y de las autoridades, que deben proteger a quienes son los legítimos dueños de las propiedades y de los bienes objeto de esas acciones ilícitas

En primer lugar hay que defender la vida y la integridad de quienes trabajan en el sector cañicultor, así como devolverle la tranquilidad al norte del Cauca.