Los ataques contra trabajadores de la caña deben ser rechazados y requieren la atención del Gobierno Nacional.

Como consecuencia de las invasiones ilegales y tomas violentas, en el último mes dos trabajadores de la caña murieron, cinco resultaron heridos y uno más fue secuestrado.

El caso más reciente se presentó el jueves anterior en una finca del ingenio La Cabaña en Padilla, Cauca, donde dos personas fueron heridas y tuvieron que ser trasladados a Cali para recibir atención médica.

Por los atentados y amenazas recibidas, que se han incrementado en los últimos meses, los cañicultores sostienen que no hay garantías para realizar esta actividad que beneficia a 20.000 familias de la región.

La Asociación de Cultivadores de Caña de Colombia se refirió a estos hechos que atentan contra la integridad de los trabajadores, así como al derecho a la vida y al trabajo, por ello solicitaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de Derechos Humanos.

Así mismo reclaman que la Fiscalía investigue los hechos ocurridos, persiga a sus autores y que los culpables asuman las consecuencias como lo demanda la ley.

Y se espera el pronunciamiento del Gobierno Nacional, que permanece en silencio frente a las invasiones a la propiedad privada legítimamente adquirida y contra quienes trabajan en el sector cañicultor en el norte del Cauca.

La obligación del Estado es hacer respetar los derechos de todos los colombianos y hacer lo necesario para preservar su integridad y su vida.