El hecho de que algunas personas cometieran delitos por los cuales terminaron en una cárcel no las hace menos merecedoras de un trato digno.Situaciones como las que se registran en la cárcel Villahermosa de Cali, donde más de 3.900 reclusos presentan serias afectaciones médicas, demuestran la incapacidad histórica del Estado para encontrar una solución a la prestación adecuada del servicio de salud.Mientras tanto el único recurso al que se aferra la población carcelaria del país es la acción de tutela para que se les garantice el derecho fundamental a la salud.Así debieron hacerlo más de la mitad de los internos en Cali con el acompañamiento de la Procuraduría.No obstante, y debido a un conflicto de competencias entre el Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 12 de Familia, estas personas siguen sin recibir una respuesta.Lo absurdo es que prevalezcan estos problemas en la cárcel de Villahermosa, cuando se supone que ya debió ser cerrada y la población carcelaria trasladada a un sitio donde no corran peligros.Entre otras razones, por las condiciones inhumanas en las que permanecían los reclusos en ese lugar.Pero no solo persiste la incapacidad del Inpec para atender lo que ya debe calificarse como una vergüenza, el régimen penitenciario y carcelario en Colombia.Y se volvió casi que insultante la indolencia del Estado para atender debidamente a una población que perdió su libertad, pero que son ante todo personas con derechos.