Aunque el sector de la construcción fue el primero que se reabrió durante la cuarentena, la ampliación de la antigua vía Cali-Yumbo sigue parada.

Y al parecer continuarán así durante varias semanas más porque según el contratista aún están en trámites para obtener los pasaportes sanitarios y adecuar las seguridades necesarias.

Los retrasos de esa obra no se le pueden endilgar al confinamiento causado por el coronavirus o a los ordenadores del gasto público y quienes generosamente firman las prórrogas y ajustes que les han solicitado.

La realidad es que ningún cronograma se ha cumplido, ni las prórrogas han sido suficientes.

Es como si el Departamento del Valle estuviera a merced de un contratista que ofreció hacer las obras en ocho meses y ya va para tres años, tiempo en el que apenas ha adelantado el 57% del primer tramo de la ampliación.

Según la gobernación, cuesta más declarar la caducidad del contrato y abrir una nueva licitación, lo cual significa que el departamento está maniatado.

Lo que sucede se ha convertido en una burla para el interés público, que respaldó la obra reconociendo su importancia y el aporte de la Nación, y hoy está a merced del contratista.

Es cuando se debe preguntar dónde están los entes de control, encargados de vigilar el cumplimiento de las obras públicas y evitar el detrimento de los recursos que en ellas invierten los contratistas.