La fiscal Diana Rojas Lozada está cumpliendo con su deber al solicitar la orden de captura de quienes estarían implicados en casos de violencia durante el paro que se realizó en el Valle desde el 28 de diciembre.

Así como se han formalizado procesos contra integrantes de la Policía por hechos ocurridos durante los dos meses que duraron los bloqueos y enfrentamientos, los integrantes de la llamada ‘primera línea’ que presuntamente cometieron delitos deben responder ante las autoridades.

Por eso hay que rechazar las amenazas de las que ha sido blanco la fiscal Rojas Lozada, en las que se intimida además a sus hijos y a su familia, debido al ejercicio de su deber.

Esas amenazas tienen la intención de impedir que la funcionaria y la Justicia actúen contra los quienes están acusados de pretender quemar vivos con gasolina a varios policías encargados de custodiar las vías del Valle a la altura de Bugalagrande.

Las intimidaciones son un atentado contra la Fiscal y representan un desafío de quienes durante dos meses cerraron a la fuerza carreteras, impidieron el paso, generaron disturbios y realizaron ataques violentos.

Por ello hay que ser solidarios con la señora Rojas, brindarle protección a ella y a sus familias y perseguir y castigar a quienes son los autores de las cartas amenazantes.