Las cámaras de seguridad son el ejemplo de la tecnología puesta al servicio de la sociedad e imprescindibles en una ciudad que como Cali que presenta los índices más altos de delincuencia y criminalidad.

Con ellas es posible hacer un cubrimiento más amplio de las comunidades, tener ojos en los puntos más críticos y son la herramienta precisa para que las autoridades actúen a tiempo.

Por ello no se entiende la resistencia de la Administración caleña de darles la relevancia que se merecen, disponer de los recursos necesarios para su mantenimiento, ampliar el número y facilitar el trabajo de la Policía Metropolitana.

Contar con 2500 cámaras, la cantidad a la que aspira llegar este año el municipio, es poco para una ciudad de dos millones y medio de habitantes.

Peor aún es que con todo lo que se ha denunciado y aunque se firmó un contrato de seis mil millones de pesos con la Imprenta Departamental, el 50% de las cámaras instaladas no funcionen, presenten fallos o no se puedan interconectar porque no son compatibles con el sistema.

Con lo que hoy viven y sienten a diario los caleños por cuenta del hampa y el crimen, la Alcaldía no puede dejarle la responsabilidad solo a la Policía.

Las cámaras de seguridad sirven para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la delincuencia, entonces el asunto no es de evadir la responsabilidad si no de responderles a los caleños para que no se sientan a merced de la inseguridad..