Los escándalos de la cárcel La Picota no terminan en la bacanal en el pabellón de extraditables que duró tres días -aunque hay quienes aseguran que fue una semana entera- y de la que ninguno de los guardias de turno del Inpec se dio cuenta.

En el jolgorio participaron reconocidos cantantes, rodaron las botellas de whisky y tequila, la comida se sirvió cual restaurante bajo carpas muy bien atendidas aunque todo eso esté prohibido en un penal de “máxima seguridad”.

Ahora se descubre un túnel construido desde un barrio aledaño y que da a uno de los patios de la penitenciaria, en el cual se encontraron cajas con langostas, electrodomésticos, licor, quesos y carnes finos y un largo etcétera.

Y aunque se trata de una cárcel de máxima seguridad, sus autoridades reconocen que medio centenar de detenidos están en celdas sin ninguna restricción porque son considerados de bajo riesgo, por lo que se prestan fácilmente como enlaces para ingresar los materiales prohibidos.

Todo ello hace parte de la corrupción y la complicidad que brindan beneficios indebidos a los detenidos.

A lo que se suma la incapacidad del Inpec para poner orden, hacer valer la autoridad y evitar los episodios que a diario ocurren en centros de reclusión del país, como esas bacanales o las asonadas que dejan muertos y heridos.

Ahí están las razones para exigir la reforma estructural al sistema penitenciario que nunca llega, como si se tratara de un asunto de la menor importancia política no obstante las implicaciones que tiene para la sociedad.