El asesinato de tres geólogos de la compañía Continental Gold ocurrido en Ochalí, al norte de Antioquia, es un acto repudiable, cometido con la mayor vileza y que debe ser condenado por todos.

Los jóvenes junto a otros ocho trabajadores, entre los cuales hay tres más heridos graves y un desaparecido, fueron atacados en su campamento mientras dormían, les dispararon a mansalva y no les dieron ninguna posibilidad de defenderse.

Ese hecho cobarde, que habría sido perpetrado por disidentes de las Farc o por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en la región, debe ser esclarecido y los culpables deben responder ante la Justicia.

Es la respuesta que esperan el país y empresas como la afectada, que más allá de la controversia que exista por la actividad a la que se dedican, han sido atraídas para invertir en Colombia y deben ser protegidas de los violentos.

Para ello el Estado debe recuperar el control sobre el territorio nacional, restaurar la institucionalidad y cumplir con el ejercicio de autoridad que le corresponde, así como garantizar la seguridad de la población en cada rincón del país.

Crímenes como el cometido contra Laura Alejandra Flórez Aguirre, Henry Mauricio Martínez Gómez y Camilo Andrés Tirado Farak no pueden quedar impunes.

Ni se debe permitir que las amenazas, la extorsión y las acciones criminales consigan su objetivo de afectar la confianza inversora en Colombia.