La lucha del Estado en contra de la minería ilegal no puede dar marcha atrás. En juego están el medio ambiente, la salud y la seguridad de los colombianos.

Por ello no hay que ceder frente a los bloqueos y las acciones violentas que cometen en el Bajo Cauca antioqueño quienes se lucran de ese negocio.

La realidad es que la minería que se practica de manera ilícita, que nada tiene que ver con la práctica artesanal que realizan comunidades desde hace siglos, se volvió un lucrativo negocio manejado por mafias y organizaciones criminales.

Son ellas las que están detrás de los hechos que hoy mantienen sitiados a 12 municipios de Antioquia, impiden el paso de alimentos y medicinas, generan desabastecimiento y mantienen confinadas a cerca de 400 mil personas.

El origen de la protesta está en la aplicación que adelanta la Gobernación de Antioquia del decreto 2235, que tiene como fin de combatir este flagelo, destruir la maquinaria y cerrar las minas que generan un daño ambiental incalculable sobre las fuentes hídricas del país y acaban 70.000 hectáreas de bosques.

La Contraloría General de la Nación calcula que el 85% del oro que exporta Colombia tiene procedencia ilegal y que se ha creado una cadena de la que hacen parte grupos delictivos nacionales e internacionales, así como empresas encargadas de lavar esos activos.

Por ello la obligación del Estado es poner freno a esa actividad e intensificar los controles para frenar a uno de los mayores enemigos de los recursos naturales, de la economía y de la sociedad colombiana.