Según las autoridades, a Cali han llegado 2746 indígenas en el 2022, en su gran mayoría pertenecientes a comunidades del departamento del Chocó que son perseguidas y acorraladas por los grupos de violencia y el narcotráfico que siembran el miedo en sus territorios.

Al parecer su decisión es desplazarse a la capital del Valle, donde se hace el esfuerzo de brindarles soluciones provisionales en las casas de acogida del municipio para evitar que permanezcan en las calles o se tomen los espacios públicos, como ocurrió con el Parque Nacional de Bogotá.

Se trata de una medida transitoria en la cual no faltan problemas como las condiciones de hacinamiento en que deben vivir cientos de personas y los riesgos sanitarios que esto acarrea.

Además, su situación empieza a generar conflictos con las comunidades que viven en los alrededores de las casas de acogida, los cuales deben resolverse pronto para evitar que lleguen a extremos.

Si bien Cali les ha abierto sus puertas, la solución para estas personas no puede ser que se queden por tiempo indefinido en la ciudad en condiciones precarias.

La situación se resuelve recuperando su medio ambiente y brindándoles las condiciones de seguridad que demandan para protegerlos de quienes invaden sus tierras.

Por ello, es el Estado el que debe hacer lo necesario para devolverles la tranquilidad y brindarles las garantías que les permitan regresar a sus lugares de origen de donde fueron desplazados.