Ocho veces en 12 años se presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley para prohibir el uso del asbesto en Colombia y ahora se aprobó.

El porqué de la demora es un interrogante que deberán responder los legisladores, sobre todo cuando lo que estaba en discusión era la preservación de la salud de los colombianos.

Con la decisión de prohibir la producción, comercialización y distribución de cualquier material que contenga ese compuesto mineral, se acabará esa industria en el país.

Es la consecuencia de priorizar el bienestar común, representado en la salud y en evitar males mayores por encima de la actividad productiva y comercial.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen en Colombia medio millar de personas por enfermedades relacionadas con el asbesto como el cáncer de pulmón o el de laringe, cifra que se acerca a 107.000 en todo el mundo.

Por ello ya son 76 países los que han prohibido el uso del asbesto, medida que entra en plena vigencia en Colombia a partir del 2023.

Ahora que se ha tomado esa decisión, valdría la pena que se mirara hacia otros minerales, químicos o materiales que causan enfermedades tan graves como las del asbesto y que el Estado debe perseguir.

Es hora de priorizar la salud, el bienestar y los derechos de los colombianos.
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