No existe discurso revolucionario ni causa ideológica, si es que alguna vez la hubo, que justifique la barbarie que los grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las Farc, vienen cometiendo contra niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas del norte del Cauca.

Un fenómeno de aniquilamiento sistemático donde los menores de edad del pueblo Nasa son utilizados como material de intendencia que debe ser remplazado constantemente para suplir las bajas ocasionadas por la deserción, las muertes en combate, los bombardeos del Ejército o las ejecuciones que se dan dentro de la misma organización.

Las cifras presentadas en el informe especial de El País sobre reclutamiento son alarmantes. Solo entre 2020 y 2025 desaparecieron de los registros del Sistema Integral de Matrícula de los cinco municipios más afectados por presencia de grupos armados ilegales en el norte del Cauca un total de 5834 niños, niñas y adolescentes.

Menores, en su inmensa mayoría, pertenecientes al pueblo Nasa de los municipios de Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló y Toribío. Y si bien es imposible determinar cuántos de ellos fueron reclutados, las denuncias de la Defensoría del Pueblo, las organizaciones indígenas y las estadísticas de Medicina Legal apuntan a que es esa la principal causa.

Solo entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de julio del 2026, la Defensoría del Pueblo atendió las denuncias de 1218 familias cuyos niños fueron reclutados por grupos armados ilegales. Más de la mitad de ellos, 623, son niños y adolescentes indígenas del Cauca. La propia Defensora, Iris Marín, aclara que esa cifra es apenas la punta del iceberg.

Los datos entregados por el Ministerio de Defensa son aún más reveladores. Entre el año 2020 y lo corrido de 2026 se ha logrado la desvinculación de 1571 niños, niñas, y adolescentes en el país, de los cuales 608 se reconocieron como indígenas, aunque muchos no registran identidad étnica. También que 1198 de ellos (76,2 %) estaban en poder de las disidencias de las Farc.

Y si bien una enorme responsabilidad y todo el repudio recae sobre los hombres al mando de alias ‘Iván Mordisco’, no puede el Estado evadir su enorme cuota de responsabilidad por no haber asumido como corresponde la protección de estos menores y las garantías de sus derechos.

Es inconcebible que 5834 niños y adolescentes desaparezcan de pequeñas escuelas en cinco municipios y sean reducidos simplemente a una estadística en un documento excel con el rótulo de ‘desertores’. Como si la responsabilidad del Estado no fuera investigar por qué se han ido y desplegar todas las herramientas posibles para devolverlos a las aulas.

Colombia no puede aceptar el reclutamiento de menores como una consecuencia inevitable de la guerra. Peor aún, normalizar este fenómeno y terminar informando a través de los medios con la misma frialdad con que se anuncia el estado del tiempo o el precio del dólar.

¿Cómo se deja pasar de largo que una familia reciba de madrugada el cuerpo de su hijo en una carroza fúnebre, o que los menores sean sepultados en secreto por sus familias ante la amenaza de los grupos armados? Mucho menos se puede normalizar que se extraigan niños indígenas del Cauca para ser exportados a grupos armados en otras regiones del país solo porque las disidencias los creen resistentes y guerreros.

Algo estamos haciendo mal como sociedad para que un niño de 10 años de edad decida formar parte de un grupo armado-cuando puede decidir-, manipulado con la promesa de recibir un teléfono, una moto, algo de dinero o unos tenis, explotando de la manera más cruel la pobreza.

Mientras el principal insumo del conflicto armado en Colombia continúen siendo los menores de edad, la guerra contra la violencia, el narcotráfico y los grupos armados la perdemos todos. No solo esos niños, niñas y adolescentes a quienes les siguen ofreciendo la muerte envuelta en papel regalo.