La ‘guerra comercial’ entre Colombia y Ecuador por la falta de atención a los problemas de orden público en la frontera no es más que la revictimización de unas comunidades que durante décadas han intentado sobrevivir entre el caos y el abandono.

Comunidades que permanecen a la espera de que el brazo del Estado se extienda a sus territorios con ofertas de empleo, infraestructura e inversión social, y lo que reciben a cambio son decisiones como la de los últimos días, afectando el comercio, la economía y la movilidad sobre la ya conflictiva línea divisoria.

Porque son ellos los más afectados con la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas y ordenar el cierre de varios pasos fronterizos; y con la respuesta de Gustavo Petro de poner el mismo arancel a los productos llegados de Ecuador y suspender las exportaciones de energía eléctrica.

El informe exclusivo publicado por el diario El País el pasado domingo 8 de febrero deja en evidencia esa desconexión total desde Bogotá y Quito con los pueblos indígenas, negros y campesinos condenados por la ausencia del Estado a convivir en tierra de nadie; entre grupos armados ilegales, bandas criminales y mafias internacionales.

Una frontera que debería ser motor de desarrollo económico y ejemplo de éxito de cooperación binacional ha quedado relegada a la disputa entre disidencias de las Farc, el Eln y organizaciones criminales por el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas y de personas.

No es con arrebatos de autoridad ni pulsos políticos como se puede saldar la deuda histórica que ambos países han adquirido con las comunidades colombianas y ecuatorianas asentadas sobre la línea limítrofe.

Lo que debe primar es la diplomacia sin intereses ideológicos mezquinos. Porque mientras no prevalezcan en Bogotá y Quito la seguridad y el bienestar de las comunidades, la frontera permanecerá como ejemplo de debilidad y claudicación de los Estados ante unos grupos criminales que han hecho mejor lectura del territorio para satisfacer sus intereses.

Han pasado dos semanas desde que se reunieron las comisiones de alto nivel entre Colombia y Ecuador para zanjar las diferencias y buscar una solución conjunta a la crisis política y económica, y el silencio de ambos lados es atronador.

La misma responsabilidad que tienen los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro de atender a las necesidades de quienes habitan el conurbano en Bogotá y Quito es la que deben asumir con quienes residen en las regiones más apartadas.

Dejar a su suerte a miles de familias que sienten el territorio a ambos lados de la frontera como propio, que viven del comercio diario, del intercambio cultural, del transporte informal y del rebusque, es firmar una carta en blanco para que la criminalidad se extienda, cope espacios del Estado y se fortalezca económica y militarmente.

Una concesión bastante peligrosa y que terminará afectando, tarde o temprano, la seguridad en el interior de ambos países, mientras la frontera se siga viendo como un problema y no como una oportunidad.