"...la Administración Municipal persiste en eludir su obligación de dedicar una parte importante de los impuestos que recauda para atender el reclamo de los contribuyentes o para profundizar las acciones que combatan la discordia causante del 50% de los hechos de sangre en la ciudad".

No es difícil reconocer que para los caleños, el principal problema es la seguridad, o más exactamente, la sensación de inseguridad que padecen ante los hechos de violencia que rondan su ciudad. La pregunta ahora es cómo hará el Estado para enfrentar el desafío de devolverle la tranquilidad a una ciudad de dos millones de habitantes.Según la encuesta que publica hoy El País, mientras el 42% de los habitantes de la capital vallecaucana piensa que el gran problema es la seguridad, el 79% cree que ésta es una ciudad insegura y el 47% ha sido testigo de una balacera o un hecho delictivo. El 19% le atribuye eso a la falta de una política municipal para enfrentar el desafío de la violencia, el 63% afirma que sí hay recursos pero se invierten en otras cosas y el 93% opina que no es suficiente la presencia de la Policía. De otra parte, el 12% cree que la Justicia es ineficaz en tanto que el 48% no cree en ella para resolver sus problemas.El resumen anterior refleja el punto de vista de los ciudadanos, asustados por hechos atroces de ocurrencia diaria, causados por la delincuencia común y la intolerancia. Desde el robo de celulares hasta las balas perdidas que hace una semana segaron la vida de doña María Olga Sanclemente, todo parece confabularse para robarle la tranquilidad a los caleños, mientras la Administración Municipal persiste en eludir su obligación de dedicar una parte importante de los impuestos que recauda para atender el reclamo de los contribuyentes o para profundizar las acciones que combatan la discordia causante del 50% de los hechos de sangre en la ciudad.En el consejo de seguridad del pasado viernes, y luego de escuchar el día anterior a dirigentes populares y líderes comunitarios, el presidente Juan Manuel Santos reconoció la gravedad del problema que padece la ciudad, y se comprometió a tomar medidas para combatir ese temor que afecta a los caleños. Para ello anunció la aplicación de un plan piloto de seguridad ciudadana que empieza con el aumento de los efectivos policiales en cantidad apreciable. Así mismo, y haciendo eco a los reclamos ciudadanos, llamó la atención sobre la resistencia de las autoridades locales a invertir en la seguridad y volvió a pedirle al señor Alcalde que entregue los $18.000 millones que comprometió para la Policía Metropolitana durante el 2011. Esa será la mejor manera de ayudar a superar un rezago en la inversión en infraestructura y dotación para los cuerpos de seguridad que, si bien es cierto no fue causado por la actual administración, se ha aumentado mientras crecen en forma paralela los hechos causados por las limitaciones para enfrentar el delito.Están planteados pues los problemas de inseguridad que padece la capital del Valle. Por supuesto, existen factores que como el porte de armas también demandan respuestas. Ahora corresponde a las autoridades municipales y nacionales devolver a los caleños la tranquilidad que le roban los delincuentes y la intolerancia. De lograrse ese objetivo, también conseguirán que ellos colaboren y recuperen la confianza que de manera explicable han perdido en las autoridades y en la Justicia.