En medio de escándalos por corrupción, una carrera contrarreloj para firmar miles de contratos y un déficit fiscal que parece insostenible, el gobierno de Gustavo Petro llega a su fin este 7 de agosto. El que fue presentado hace cuatro años como el “gobierno del cambio” dejó algunos logros sobre todo en materia social, pero también una larga lista de pendientes, mientras fue evidente su fracaso en el propósito de acabar con prácticas malevas de antaño en cuanto a la administración pública. Al Valle del Cauca lo relegó al olvido.
Cuando Petro llegó en 2022 a la Casa de Nariño, Colombia abrió una página inédita de su historia. Por primera vez la izquierda alcanzaba el poder por vía democrática y lo hacía con la promesa de transformar las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Ese hecho, por sí solo, fortaleció la democracia al demostrar que la alternancia es posible y que las diferencias ideológicas pueden resolverse en las urnas.
Sin embargo, gobernar exige convertir las expectativas en resultados, construir consensos, fortalecer las instituciones y generar confianza. Es precisamente allí donde el balance final del gobierno Petro deja más interrogantes que certezas.
Sería equivocado negar los avances alcanzados. Colombia registró una reducción importante de la pobreza monetaria, aumentó el salario mínimo por encima de la inflación, disminuyó el desempleo y se ampliaron espacios de participación ciudadana. Esos logros deben reconocerse porque hacen parte de una evaluación seria y responsable.
Pero un gobierno no puede medirse solo por sus intenciones ni por algunos indicadores favorables. También debe responder por aquello que prometió y no cumplió, por las crisis que dejó crecer y por las oportunidades que desaprovechó.
La principal deuda del gobierno saliente está en la seguridad. Su ‘Paz Total’ terminó lejos de los objetivos con los que se presentó. Mientras avanzaban negociaciones con distintos grupos armados, muchas regiones vieron fortalecerse las organizaciones criminales, mientras miles de colombianos sintieron que el Estado retrocedía en territorios donde debería ejercer plenamente su autoridad. La paz no puede construirse sobre la percepción de que el crimen gana espacio mientras el Estado pierde capacidad de control.
Tampoco puede ignorarse la crisis que vive el sistema de salud. Las reformas dell Gobierno no consiguieron los consensos necesarios y el resultado fue un prolongado escenario de incertidumbre que hoy padecen millones de pacientes. La escasez de medicamentos, las demoras para acceder a especialistas y el deterioro financiero de hospitales y clínicas constituyen una realidad que el próximo gobierno tendrá que enfrentar con urgencia y sentido de responsabilidad.
A ello se suma un panorama fiscal complejo. El incremento del gasto público está acompañado por un déficit creciente y un endeudamiento que limita el margen de acción de la administración que asumirá el país. Debe preocupar el cálculo de los especialistas, según el cual el déficit fiscal de Colombia finalizará 2026 en un 6,6% del Producto Interno Bruto, PIB.
Pero quizá el mayor fracaso político del gobierno Petro fue haber desperdiciado la oportunidad histórica de construir un gran acuerdo nacional. Llegó al poder con una amplia coalición, un respaldo ciudadano sin precedentes y la legitimidad suficiente para impulsar reformas profundas. No obstante, la confrontación permanente, los cambios constantes en el gabinete, la dificultad para dialogar con quienes pensaban distinto y un estilo de comunicación basado en la polarización terminaron debilitando su propia capacidad de gobernar.
A ello se agregaron graves escándalos de corrupción, encabezados por el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o el más reciente que involucra a las hermanas Guerrero, que golpearon el principal activo con el que llegó al poder: la promesa de hacer una política diferente.
Capítulo aparte merece su relación con el Valle del Cauca, departamento relegado al olvido por Gustavo Petro. Desde el Gobierno Central se le negaron a la región obras de infraestructura trascendentales para su desarrollo y competitividad. Por otros cuatro años quedaron sin ejecutarse la vía Mulaló – Loboguerrero, el dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, no se dio el visto bueno al aval fiscal del Tren de Cercanías como tampoco se adelantó la licitación para la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Difícil entender esa relación de amor e indiferencia de Petro con el Departamento que tanto le ayudó a llegar a la Presidencia.
El gobierno saliente deja así un país con transformaciones sociales importantes, pero también con instituciones sometidas a una fuerte tensión, unas finanzas públicas comprometidas y una ciudadanía profundamente dividida. Su legado será objeto de debate durante años porque representa, al mismo tiempo, avances innegables y errores de gran trascendencia.