Hace diez años, Colombia se permitió creer que podía cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su historia. Después de una larga negociación en La Habana y de un proceso de aprobación que despertó profundas controversias, el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el acuerdo que buscaba poner fin a más de medio siglo de confrontación armada con esa guerrilla. Era un momento histórico que despertaba esperanza dentro y fuera del país.
Una década después, el balance está lejos de corresponder a aquellas expectativas. El Acuerdo ha transitado entre avances importantes, reconocimientos internacionales, incumplimientos, controversias y una creciente frustración frente a la incapacidad del Estado para convertir lo pactado en una transformación real de los territorios más golpeados por la violencia.
Como lo relata el Informe Exclusivo de esta edición de El País, las imágenes de los combatientes que abandonaban la selva, custodiados por el Ejército y la Policía mientras se dirigían a las zonas veredales para iniciar su reincorporación a la vida civil, y de los contenedores de Naciones Unidas repletos de armas entregadas por la guerrilla, simbolizaron la posibilidad de un país distinto. Colombia se ilusionó con la idea de que la guerra podía dejar de ser el destino de varias generaciones.
Es innegable que miles de antiguos integrantes de las Farc dejaron las armas y permanecen en la legalidad. También lo es que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha permitido esclarecer graves crímenes y poner sobre la mesa responsabilidades que durante décadas permanecieron ocultas. Pero esos avances no pueden ocultar las enormes deudas que persisten. Las disidencias y la reincidencia de antiguos comandantes, los asesinatos de cientos de firmantes, las amenazas contra líderes sociales y el regreso de estructuras criminales a territorios abandonados por la guerrilla evidencian la fragilidad de lo conseguido.
El mayor fracaso ha sido la ausencia del Estado donde más se necesitaba. La salida de las Farc no estuvo acompañada de una presencia institucional suficiente, de oportunidades económicas, seguridad, infraestructura, educación y servicios públicos. Allí donde debía llegar el desarrollo avanzaron otros grupos armados, disputándose las economías ilegales y sometiendo nuevamente a comunidades que creyeron haber dejado atrás la guerra.
Tampoco los gobiernos posteriores estuvieron a la altura de la responsabilidad histórica que implicaba implementar lo acordado. Las diferencias políticas, los cálculos electorales y la falta de continuidad terminaron convirtiendo la construcción de paz en una bandera de unos y en motivo de resistencia para otros. Ninguna administración consiguió que el cumplimiento del Acuerdo fuera una política de Estado.
El balance de los últimos cuatro años resulta especialmente preocupante. No solo faltó una estrategia eficaz para avanzar en la implementación, sino que la política de paz del Gobierno anterior terminó debilitando la autoridad institucional y dejando espacios que aprovecharon las organizaciones criminales. Hoy Colombia enfrenta un panorama que en varias regiones resulta incluso más grave que el que existía hace una década.
A las dificultades de implementación se suman los cuestionamientos a la JEP. Su papel en el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de las víctimas es relevante, pero eso no la exime de responder por la celeridad de sus procesos, la austeridad en el manejo de los recursos y la efectividad de las sanciones restaurativas. La justicia transicional necesita resultados que la sociedad pueda comprender y reconocer como legítimos.
Aún quedan cinco años del horizonte previsto para completar la implementación. No es tiempo para renunciar ni para seguir buscando responsables en el pasado. Es tiempo de asumir compromisos, acelerar la reforma rural, proteger a quienes dejaron las armas, reparar a las víctimas y recuperar el control institucional de los territorios.
El país no puede resignarse a que dentro de otra década vuelva a preguntarse por qué fracasó la esperanza que alguna vez se firmó en el Teatro Colón.