La epidemia de contratos ‘a dedo’ que se apoderó del gobierno de Gustavo Petro tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde fue derrotado su candidato por Abelardo de la Espriella, exige una revisión con lupa de los entes de investigación en Colombia.

Bastó con que terminara la Ley de Garantías Electorales y se conocieran los resultados de unas votaciones adversas para que este Gobierno iniciara una carrera desenfrenada por entregar contratos de manera directa, incluso los domingos y festivos, desde distintos ministerios y entidades adscritas.

De acuerdo con información publicada por el periódico El Tiempo, entre el 22 de junio y el 5 de julio pasados el gobierno de Gustavo Petro entregó 1379 contratos, la mitad de ellos de manera directa, y por un valor superior a los $2,3 billones.

Más del 92 % de esa contratación a través de diez entidades, entre las que se destacan por mayor número y valor los realizados por el Invías, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, el Inpec, la Fuerza Aérea, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Víctimas.

Más que fundadas las razones por las que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, le ordenó a su designado Ministro del Interior solicitar a la Procuraduría General de la Nación que intervenga de manera preventiva en varios de los procesos de contratación que adelanta este gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una preocupación que ya habían manifestado el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los designados ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino por la feria de contratos en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en el Ministerio de Defensa y en la Aeronáutica Civil.

Nadie discute que el mandato de Gustavo Petro termina el 6 de agosto a las 12:00 de la noche y que hasta esa fecha y hora seguirá siendo el Presidente de Colombia, pero la avalancha de contratos de manera directa y por los montos establecidos, enciende las alarmas sobre los planes que estaría fraguando el primer gobierno de izquierda en Colombia antes de abandonar la Casa de Nariño.

Preocupa, además, que en medio de la premura con la que están adjudicando los últimos contratos quedaría en entredicho que se estén respetando los principios de moralidad, transparencia y selección objetiva que establece la legislación nacional para evitar casos de presunta corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Lo paradójico es que terminan este Gobierno y sus afines consumidos en las mismas prácticas y mañas que durante años criticaron desde las barricadas de la oposición y actuando de manera contraria a todas las banderas que agitaron en campaña y luego de la elección de Gustavo Petro.

En honor a la transparencia y la rectitud, el gobierno saliente debe abstenerse de firmar contratos que no sean absolutamente necesarios para la operación del Estado en las semanas que restan del mandato de Gustavo Petro.

No tiene ningún sentido dejar amarrada una contratación que atañe directamente el periodo de gobierno que inicia el próximo 7 de agosto. Por eso, y por una cuestión de simple claridad, se deben escuchar las voces que desde el gobierno electo exigen parar o revisar esas adjudicaciones.

Y tanto la Fiscalía, como la Contraloría y la Procuraduría, deben ser garantes de ese llamado y explicarle al país si son fundadas o no las razones por las cuales el gobierno saliente de Gustavo Petro inició esta carrera frenética por dejar la mayor cantidad de contratos firmados, y si cumplió con los requisitos y manuales de contratación, antes de abandonar el poder.