De nuevo, el Gobierno de Gustavo Petro ha agitado el país político al insistir en su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente. Una idea que el mandatario colombiano ya había expresado desde el año pasado, pese a que, cuando era candidato a la Presidencia, se había comprometido a no hacer uso de ella.
En ese contexto, desde un comienzo la iniciativa ha sido mirada con incertidumbre y recelo por varios sectores políticos que aseguran que se trata de una estrategia con la que el Jefe de Estado buscaría perpetuarse en el poder, a partir de la reinstauración de la reelección presidencial. Sin embargo, aliados y detractores de quien hoy ocupa la Casa de Nariño coinciden en que, faltando cerca de nueve meses de mandato del actual Ejecutivo, es muy poco probable que se pueda convertir en realidad una constituyente en el país.
Pero entonces la pregunta que surge es: ¿cuál es el propósito del Gobierno Petro al seguir insistiendo en esa propuesta, máxime cuando ha manifestado de manera abierta que el liderazgo de la misma lo tendría aparentemente ‘el pueblo’? Esto es, que no sería una iniciativa que el oficialismo lleve al Congreso, sino que sería la forma de lograr precisamente que el Legislativo apruebe sus reformas sociales, algunas de las cuales hasta ahora no han logrado sumar las mayorías necesarias entre representantes a la Cámara y senadores.
Y es allí donde hallan razón las alarmas que se han encendido con respecto a la verdadera intencionalidad que tendría el Ejecutivo al impulsar una recolección masiva de firmas en medio de una próxima campaña a la Presidencia, que se avizora especialmente polarizada. Porque si algo dictamina la democracia que el Mandatario colombiano reclama que se preserve es el acceso equitativo al juego electoral tanto de las fuerzas políticas afines al poder como de los partidos opositores.
Sin embargo, por solo mencionar una cuestión, sería muy difícil diferenciar la promoción de una constituyente, que se sabe avalada por la Casa de Nariño y que, por ende, sería impulsada por organizaciones sociales o ciudadanos partidarios de que el progresismo siga en el poder, del legítimo derecho que les asiste a esos mismos grupos y personas de aspirar a un cargo en el Poder Legislativo o de apoyar a un determinado candidato a la Presidencia o al Congreso. ¿Cómo distinguir cuando se trate de una cosa u otra, cómo separar la financiación de una y otra campaña?
Así las cosas, en lugar de decirse perseguido y escribir mensajes que no son claros ni para sus seguidores ni para sus opositores, el actual Jefe de Estado debería ocuparse no solo de cumplir sus compromisos de campaña, como aquel de no convocar ninguna constituyente, sino de lanzar propuestas claras y transparentes y, sobre todo, garantizar que las mismas no van a ser utilizadas para confundir ni a sus propios seguidores ni al resto de los colombianos.
Pero eso es lo que está sucediendo con la idea de llamar a la implementación de un mecanismo de participación ciudadana que fue incluido en la Constitución de Colombia para organizar y regir el Estado, distribuyendo derechos y deberes a cada persona, dependiendo del rol que asuma en la sociedad, y no para ser usado para el logro de propósitos partidistas, menos si se trata de la fuerza política que ostenta el poder actualmente, la cual, lo dice la Carta Magna, debe ser imparcial y dar plenas garantías a sus adversarios.