Cali volvió a ser escenario de la violencia terrorista. Un nuevo atentado con explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha, donde opera la Tercera Brigada del Ejército, confirma que esta ciudad atraviesa una ofensiva criminal. Vuelve a ser blanco del terrorismo ante este nuevo ataque.
El sábado 25 de abril se realizó el peor ataque terrorista contra civiles en la carretera Panamericana en el Cauca que dejó 21 muertos. Este es el más grave atentado desde el perpetrado en el Club El Nogal en 2003, que puso en evidencia la crisis de orden público en el país. La ‘paz total’ fue aprovechada por ‘Mordisco’ y su banda criminal para expandirse y consolidar su poder en el suroccidente de Colombia.
La masacre de Cajibío hace parte de una escalada de violencia con hechos contra el orden público. Se inició en Cali contra el Batallón Pichincha y ha sumado muchas acciones violentas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, entre hostigamientos, drones con explosivos, retenes ilegales y ataques a la infraestructura.
De otra parte, Amnistía Internacional hizo un crítico informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en medio de las negociaciones de la paz total. Para Amnistía, el 2025 se destacó por la persistencia de la violencia y las infracciones al derecho internacional humanitario a pesar de las negociaciones de paz promovidas por el gobierno de Petro.
El organismo internacional expresó preocupación sobre la política de paz total. Señaló la falta de claridad sobre las garantías para las víctimas en las mesas de negociación y alertó sobre el aumento de los combates entre grupos armados ilegales, así como entre estos y la Fuerza Pública.
Amnistía Internacional hace un recuento de las afectaciones a la población civil, como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Además, anota que los drones cargados con explosivos se han convertido en un arma de guerra en el conflicto colombiano. En conclusión, esta ONG raja a la paz total por la violencia armada en el país. Según Amnistía, las nuevas negociaciones sobre la paz no lograron atenuar el conflicto en el 2025.
Por tal razón, preocupa que el gobierno, en lugar de enviar señales claras de autoridad, lo que da es impunidad a delincuentes que no han dado pruebas reales de su voluntad de paz y más bien han aprovechado la improvisación del gobierno, mientras los hechos de violencia continúan.
Nadie discute el valor de la paz, pero una cosa es quererla y otra muy distinta es construirla sobre la base de mensajes ambiguos que erosionan el Estado de derecho y parecen subordinarlo a los tiempos y estrategias del crimen organizado.
Los últimos actos terroristas no son más que el reflejo del deterioro de la seguridad nacional. Los grupos armados en este gobierno crecieron en hombres, control territorial y capacidad. Ninguna organización criminal se ha desmovilizado; por el contrario, se expandieron amparadas en ceses del fuego sin verificación y en procesos de negociación y mesas de diálogo inocuas y sin exigencias.
El Estado no ha tenido en los últimos años un control territorial en departamentos como el Cauca y, actualmente, con un pie de fuerza disminuido y un gobierno que da señales contradictorias para enfrentar con éxito a las organizaciones armadas ilegales, está ahora más lejos de tener el necesario y obligatorio control. Lo ocurrido en Cajibío no puede entenderse sin mirar el proceso de degradación de la seguridad en el Cauca que se proyecta a Cali y al Valle.