De algo debería servir la grave denuncia de este diario el pasado 6 de febrero. Allí, se hace una completa radiografía de la situación que viven centenares de familias campesinas de la Costa Pacífica, desplazadas o confinadas por cuenta de bandas criminales que actúan a sus anchas.

Con decir que esas estructuras al margen de la ley se dan el lujo de poner a la población a escoger entre ‘cesar toda actividad por el río’ -lo que incluye, aparte de la pesca, los cultivos de pancoger- o marcharse y dejarlo todo ‘antes de tres días’. Para causar semejante grado de terror e intimidación, piensa uno, es porque son amos y señores de esos lugares.

Lo más grave es que cosas así están sucediendo en otras partes del país. En Chocó, tal y como lo han denunciado los obispos de las diócesis de la región. Por respuesta, no tardaron en llegarles a ellos las descalificaciones y las amenazas. Las primeras, de un funcionario de medio pelo del Gobierno, no por el cargo en sí sino por el carácter anodino de tal personaje. Las otras, advertencias para no echar en saco roto de los matones que se pasean orondos por allí, como les consta a los pobladores.

En el caso de Buenaventura, hay una agravante más. Pasa, otra vez y como siempre, aquí no más. Ahí, para ser más precisos, en ese mismo lugar de siempre, donde coinciden los más caros intereses económicos nacionales con el olvido secular de esto a lo que insistimos en llamar Estado, como si lo fuese.

Aunque tampoco es para sorprenderse. ¿Recuerdan lo que una colega y ahora fugaz aspirante a la vicepresidencia expresó hace unos meses?
Palabras más, palabras menos, que la (buena) suerte de 50 millones de colombianos no puede estar supeditada a la (mala) suerte de los bonaverenses. Mejor dicho, mientras la carga salga sin inconvenientes para Bogotá, allá ellos, esos ‘ciudadanos de tercera’.

¿A quién, o a quiénes, importan realmente las más de 800 familias, entre comunidades afro e indígena, que se vieron obligadas en las últimas semanas a desplazarse, ya sea a Cali o a la misma Buenaventura, donde solo les espera más violencia, comenzando por la del hambre? ¿E acaso imaginamos cuáles son las condiciones específicas de ese confinamiento que están viviendo quienes, cuál esclavos, permanecen allí? ¿Dónde están y en qué mundo andan aquellos obligados a su rescate y a garantizar sus derechos consignados en la Constitución?

Es criminal lo que esos grupos al margen de la ley hacen en esos lugares. Pero el olvido, de los más débiles y más vulnerables, también es un crimen que no se tapa con discursos.

Lo que en el fondo hay aquí es el rechazo a los pobres y a quienes viven lejos, la aporofobia en su máxima expresión. Esa misma costumbre de mirar para otro lado cuando se habla de Bajo Calima, Cauca, Tumaco, Arauca, Catatumbo, Chocó, Urabá, Putumayo... Esa Colombia que de profunda no tiene nada, pero que así le puso como apellido y papel secundario el eterno centralismo.

En Arauca fueron asesinadas 66 personas en enero pasado. Un diario bogotano tituló: ‘Preocupación por violencia en Arauca’. ¿Solo ‘preocupación’ despierta la muerte violenta de 66 personas en un mes? ¡No joda!

La pregunta es: ¿Qué pasaría si los 66 muertos de Arauca, o los miles de desplazados de hoy, sucedieran en las mismísimas goteras de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o Cartagena de Indias?

Pues que otra sería la reacción. Y que, entonces, el problema se convertiría, ahí sí, en tema de urgencia y seguridad nacional.

Pero no, estamos en lo de siempre. Como dice Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, de lo que se habla es de: “Territorios que el Estado ha olvidado y en los que hace presencia a través de los militares, presencia esporádica y temporal”. Allá, dicho de otro modo, en donde vive esa gente, ‘la de tercera’, que solo se vuelve de primera precisamente ahora, en tiempo de elecciones.
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