Iryna Zarutska abordó el tren ligero de Charlotte (Carolina del Norte – EE.UU.) absorta en sus propios pensamientos. Caminó despacio, con el celular en la mano, sin ningún tipo de prevención ni conciencia del peligro. Se sentó sola, sin mirar a sus vecinos.

Regresaba a su casa a las 10:00 p.m., después de una larga jornada de trabajo en la pizzería Zepeddies, donde se desempeñaba como cocinera. Tenía muchos sueños: quería estudiar para ser asistente veterinaria. Dejó su tierra natal, Ucrania, debido a la guerra, sin saber que abandonaba un infierno para llegar a otro. Anhelaba construir su futuro en Estados Unidos. Para su infortunio, detrás de ella en el tren ligero se encontraba Decarlos Brown Jr., un criminal esquizofrénico de 34 años, con 14 arrestos, episodios de agresividad y una condena por robo a mano armada. Brown Jr., sin provocación y sin dudar, sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas. La cara de horror y total sorpresa de Iryna resulta aterradora. Murió en segundos, consciente de lo que le había sucedido.

El sistema de justicia estadounidense, en lugar de mantener a Brown Jr. recluido para evitar que atentara contra la sociedad y las personas, lo dejó en libertad. Se perdió la vida de una mujer de 23 años que tenía un brillante futuro. Muchos en Estados Unidos responsabilizan de esto a un sistema de justicia que, en ocasiones, tiende a proteger a los criminales. Seguramente este brutal asesinato cambiará la percepción del derecho penal, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

En Colombia sufrimos igualmente por la falta de justicia, lo que dificulta la convivencia pacífica y el desarrollo del país. Los delincuentes no son capturados ni judicializados como debería ser. Tampoco terminan en las cárceles pagando las penas que les corresponden. El sistema, además, contempla toda clase de beneficios de reducción de penas, así como posibilidades de libertad anticipada y prisión domiciliaria. Con este problema y todas estas gabelas, el mensaje a la sociedad es: ‘delinquir paga’.

Como si esto fuera poco, el acuerdo de paz del gobierno Santos fue el premio mayor de la delincuencia. Ese fatídico acuerdo manoseó el concepto de justicia de forma rampante, creando una jurisdicción especial de impunidad, con penas irrisorias y premios como las curules regaladas en el Congreso. Ahora, el Gobierno pretende tramitar una ley de sometimiento a la justicia para los grupos al margen de la ley, sin un verdadero trasfondo político por parte de estos grupos narcoterroristas.

Todo esto debe ser corregido en el próximo Gobierno, para que exista una verdadera paz con seguridad y justicia. Se deben construir más cárceles y contar con mayores capacidades para combatir y judicializar a la delincuencia. Incluso se debe reformar el régimen penal aplicable a los menores, para que los mayores de catorce años respondan como adultos y prevenir su utilización en crímenes, como en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Los delincuentes deben pagar sus delitos cumpliendo sus condenas. Deben estar tras las rejas, pues este solo hecho contribuye a la paz, a la convivencia ciudadana y previene la comisión de nuevos crímenes.