La diplomacia de Colombia necesita una serie de cambios. Y este gobierno tiene una oportunidad única para lograrlos, en un ambiente geopolítico cambiante, en el cual el país debe construir una estrategia clara de proyección internacional. Según datos de un estudio reciente de David Castrillón-Kerrigan, publicado en la revista Colombia Internacional de la Universidad de los Andes, de 3135 nombramientos a cargos en el exterior realizados entre el 2000-2024, según datos de la Cancillería, el 53.65% de estos fueron políticos y el 80,81 % de las embajadas fueron entregadas a personas ajenas a la carrera diplomática. Es decir, ocho de cada diez embajadores de Colombia en el último cuarto de siglo llegaron al cargo por cercanía con el gobierno de turno, no necesariamente por mérito o porque tenían el conocimiento y experiencia acorde a la responsabilidad que ostentan. Esta cifra ni siquiera cumple el mínimo del 20 % de embajadores de carrera que exige el Decreto Ley 274 de 2000.

Aunado a esto, el estudio revela algo aún más grave. La figura de provisionalidad, que la ley concibió como una excepción, se convirtió en regla. Casi la mitad de los nombramientos, el 49,18 %, en cargos reservados para diplomáticos de carrera —ministros consejeros, primeros secretarios, cónsules— terminaron en manos de nombramientos políticos. Y, desde el 2019, opera una práctica aún más cuestionable que radica en enviar a diplomáticos de carrera como jefes de misión a destinos poco atractivos con el título de ministro, para liberar los cargos de embajador y asignárselos a cuotas políticas en las capitales más apetecidas, y donde más se necesita conocimiento y experiencia. En otras palabras, el funcionario de carrera hace el trabajo, pero el amigo del presidente recibe el título y el salario.

A esto se le suma la inestabilidad. Según datos de Castrillón-Kerrigan, entre los destinos por los que han pasado más embajadores entre 1974-2026 fueron Estados Unidos y Venezuela, con 25 embajadores cada uno, España, con 24, y Francia, Reino Unido y Rusia, con 22. Solo para poner en perspectiva, la embajada en Estados Unidos es un aliado estratégico de Colombia y una relación bipartidista que requiere de un manejo meticuloso. Aun así, el promedio de cada embajador fue de apenas 2 años. Y 4 embajadores ni siquiera completaron el año. Este alto nivel de rotación dificulta no solo la capacidad de influencia y proyección internacional de Colombia, sino que también entorpece tener una relación fluida y cercana con los socios estratégicos de Colombia.

Esto es además aún más crítico si se tiene en cuenta el costo que esta improvisación puede tener en el entorno geopolítico actual. Actualmente, existe una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en terrenos que exigen un profundo conocimiento técnico como aranceles, minerales críticos, cadenas de suministro, protocolos sanitarios y de exportación y en estrategias para combatir el capital corrosivo, entre otros. Además, es importante tener en cuenta que la diáspora colombiana alrededor del mundo, que se estima en más de 7 millones de personas, que movilizan remesas que hoy rivalizan con nuestras exportaciones, demandan que los consulados funcionen como centros de servicio integral, no como ventanillas de trámites. Pero nada de esto se logra con embajadores o cónsules que aprenden el oficio sobre la marcha mientras se les paga un favor electoral.

Por consiguiente, ¿qué podría hacer la actual administración? En primer lugar, elevar el estándar del servicio diplomático, comprometiéndose a que al menos la mitad de las jefaturas de misión, en especial las más críticas como Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, entre otros, estén en manos de diplomáticos de carrera. Y en este tema, han pecado todas las administraciones. Solo por poner un ejemplo, en el gobierno Petro, el presidente designó como embajador en México a Moisés Ninco Daza quien no solo carece de un título profesional, pues solo cursó 9 semestres de la Sergio Arboleda, sino que suplió esa carencia con experiencia laboral que incluía un simposio de Política y Relaciones Internacionales en 2014 y un Model United Nations en la Universidad de La Sabana, al igual que su tiempo en la UTL de Gustavo Bolívar. Aunque este nombramiento eventualmente fue revocado, el hecho de que haya sido nombrado refleja cómo la actual administración desmeritó la carrera diplomática y la política exterior de Colombia.

En segundo lugar, se debe cerrar la puerta al uso indiscriminado de la figura excepcional de provisionalidad. Los cargos de carrera deben proveerse por concurso, y la provisionalidad debe volver a ser excepcional. Tercero, es fundamental garantizar períodos mínimos en las misiones diplomáticas y en los cargos directivos de la Cancillería, para que la política exterior tenga memoria institucional. Cuarto, ampliar los cupos de ingreso a la carrera diplomática y formarlos en las herramientas que requiere la geopolítica actual como geoeconomía—el uso de instrumentos económicos con objetivos geopolíticos— negociación comercial y promoción de exportaciones y tecnología para agilizar procesos para connacionales, por nombrar algunos.

Nada de esto debe ser ideológico. Y es importante tener en cuenta que gobiernos de diferentes espectros políticos han pecado de esto. Según el estudio de Castrillón-Kerrigan, la politización de la diplomacia fluctúa entre administraciones, pero nunca desaparece. El gobierno Duque entregó el 84 % de las embajadas a nombramientos políticos y Gustavo Petro, que prometió en campaña acabar con la diplomacia “de los hijos de los presidentes y amigos de la clase política”, terminó repitiendo el patrón, con el 82% de los embajadores sin ser de carrera.

Actualmente, Colombia tiene un cuerpo diplomático profesional y capaz, que ingresa por concurso, se forma durante un año en la Academia Diplomática y asciende por mérito. Lo que carece es de un sistema político que no está dispuesto a respetarlo. Esto debe cambiar. Mientras las embajadas sigan siendo moneda de cambio para pagar favores políticos, la política exterior de Colombia continuará siendo reactiva y de corto plazo, y el país frenará su capacidad de proyección internacional. Si el país quiere insertarse con seriedad en las conversaciones sobre la reconfiguración del orden mundial, necesita una diplomacia técnica, estable, autónoma y capaz de construir una ‘grand strategy’ que impulse los intereses nacionales del Estado, no los caprichos del gobierno de turno. Y esta es la oportunidad que tiene la administración entrante. Ojalá no la desaproveche.