No permitamos que usen al Valle

Hay momentos en la historia de un país en que la responsabilidad exige levantar la voz, no para sembrar miedo, sino para advertir sobre riesgos reales y actuar antes de que sea tarde. Colombia atraviesa uno de esos momentos. Las elecciones terminaron, la democracia prevaleció y hubo alternancia en el poder. Pero el riesgo para nuestra institucionalidad no desapareció: apenas comienza una nueva etapa.

Muchos advertimos durante la campaña lo que estaba en juego. Entonces parecía exagerado decir que podrían ser las últimas elecciones democráticas en Colombia; hoy, a la luz de los hechos, no lo era: si hubieran ganado cuatro años más, habría sido extremadamente difícil sacarlos del poder. Incluso después de perder, el petrismo parece transitar de la disputa electoral al desconocimiento institucional y la movilización permanente. Desde antes de las elecciones construyeron una narrativa de fraude: cuestionaron la primera vuelta y solo la reconocieron por el costo electoral de no hacerlo; con la Asamblea Constituyente hicieron lo mismo, hasta que el rechazo ciudadano los obligó a callar. En segunda vuelta se repitió el patrón, agravado: por primera vez en nuestra historia reciente, un presidente en ejercicio y el candidato derrotado se negaron a reconocer el preconteo y sembraron dudas sobre el escrutinio. Aceptaron el resultado formal, pero de inmediato instalaron otro relato: la supuesta ilegitimidad del nuevo gobierno.

Estos ya no son hechos aislados, sino un plan articulado que parece haberse terminado de organizar tras la reunión entre Gustavo Petro e Iván Cepeda. Petro no reconoce la legitimidad del gobierno entrante, denuncia un fraude internacional sin pruebas conocidas, asegura que el verdadero ganador fue Cepeda y anuncia movilizaciones desde el 20 de julio; un abogado cercano al petrismo ya anuncia acciones judiciales para anular la elección.

Cepeda, por su parte, llama a la desobediencia civil ‘pacífica’ imponiendo condiciones sin sustento constitucional, mientras el Pacto Histórico organiza sus bases territoriales. Cada hecho, por separado, cabría en la normalidad democrática: denunciar, acudir a jueces, manifestarse. Lo inquietante es que todas las piezas encajan en una misma estrategia: instalar la idea de que las urnas carecen de legitimidad para debilitar la gobernabilidad del presidente entrante, sumando oposición frontal en el Congreso.

El libreto no termina ahí: busca trasladar la disputa institucional a la calle. Sin posesionarse aún, Abelardo de la Espriella ya enfrenta una campaña de desinformación —que robarán recursos del BID, que subirán impuestos a la canasta familiar, que los bloques de defensa serán nuevas Convivir o autodefensas—. Todo apunta a un desprestigio sistemático que busca cualquier excusa para movilizar la indignación y profundizar la polarización, con los riesgos de violencia y vandalismo que ya conocemos. Es la misma fórmula que Petro activó desde que Duque llegó al poder: el ensayo de 2019, la pausa por la pandemia, y su máxima expresión en el estallido de 2021, que capitalizó la indignación ciudadana y terminó siendo factor clave de su triunfo electoral. Hoy parece querer repetirla, recargada, para desgastar al nuevo gobierno y recuperar el poder en cuatro años.

De la desobediencia civil a la anarquía hay poco trecho; de la movilización permanente a la violencia, también; y del desconocimiento sistemático de un gobierno legítimo a un golpe de Estado hay menos distancia de la que muchos creen. No afirmo que ese sea el desenlace, pero sí que existen señales que obligan a tomar el riesgo en serio: ignorarlas sería irresponsable. Precisamente por eso el Valle del Cauca debe encender las alarmas. Desde 2018 nuestra región ha soportado buena parte de la confrontación nacional: Cali fue epicentro de las movilizaciones de 2019 y del estallido de 2021, con bloqueos que paralizaron la economía, cerraron empresas y fracturaron nuestro tejido social. Aún pagamos esas consecuencias, y hoy pasamos de los bloqueos en las carreteras a los bloqueos del desarrollo, frenando los proyectos estratégicos que podrían transformar la competitividad regional. Lo más preocupante es que varios promotores de esa maniobra fueron premiados electoralmente, con la mirada puesta ahora en la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Por eso no es casual que Cali vuelva a ser escenario elegido para relanzar la movilización nacional, con la visita de Cepeda. Los antecedentes obligan a la prudencia: el Valle no puede volver a ser el laboratorio de la confrontación permanente.

El próximo gobierno tiene la responsabilidad de fortalecer la seguridad de nuestra región, garantizar el derecho a la protesta pacífica y ejercer autoridad responsable para quienes trabajan, producen y estudian. Pero esta tarea no es solo del Gobierno: también corresponde a ciudadanos, empresarios, gremios, universidades y organizaciones sociales fortalecer la institucionalidad, contrarrestar la desinformación, respaldar el Estado de derecho y nuestra Fuerza Pública, y exigir que toda diferencia política se tramite por los caminos constitucionales.

Las elecciones terminaron; ahora empieza otra batalla: defender la democracia de quienes quieren sustituir las instituciones por la movilización permanente. El Valle ya pagó un precio demasiado alto. Por eso debemos estar más unidos que nunca: no permitamos que vuelvan a usar al Valle.

@edwinhmaldonado