La aprobación unánime en último debate el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Representantes del proyecto de ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con los cuales se han asignado recursos a las universidades públicas desde hace 33 años, es una gran noticia esperada por mucho tiempo. Solo queda pendiente la conciliación con el Senado y la promulgación presidencial para cerrar ese proceso que dará a partir del presupuesto de 2027 un alivio a un enorme déficit acumulado.

El solo hecho de que esa forma de asignación de recursos haya durado tanto tiempo en medio de las grandes transformaciones que ha habido en materia educativa, la mayor complejidad tecnológica y el costo creciente de tener un cuerpo profesor altamente calificado, indica la necesidad del ajuste que se hará en el inmediato futuro. La clave de la reforma es que los recursos no se asignarán de acuerdo con el índice de precios al consumidor, IPC, sino con el índice de costos de la educación superior, Ices, calculado por el Dane, que recoge el incremento de esos costos.

Para dar una idea de la importancia de esta reforma, el IPC de 2024 fue de 5,2 %, mientras el Ices del primer semestre de 2024 fue de 18 %. Esa situación ha ido creando un déficit acumulado que se estima en 17 billones de pesos. Al menos dejará de crecer. Hay que reconocer que, por acciones de la comunidad universitaria, se han asignado recursos por encima del IPC a través de los años, pero estos han dependido de la voluntad del gobierno de turno y producto de grandes movilizaciones. Ahora quedará consignada en la ley la obligación de reconocer el incremento real de los costos, lo cual permitirá un funcionamiento con menos sobresaltos.

Las 34 universidades públicas han venido proponiendo por años fórmulas para enjugar el déficit de funcionamiento. La Universidad del Valle ha tenido un papel de liderazgo en esas propuestas y ha apoyado la iniciativa en todas sus instancias. Lo que la ley recoge es la esencia de lo solicitado: que se reconozcan los costos universitarios y se alivie la carga de tener que financiarse con la generación de recursos propios a través de venta de servicios, que hoy son casi el 45 % del total, lo cual es de hecho una privatización por la puerta de atrás.

La educación universitaria de calidad es costosa y tiende a serlo aún más. Las universidades públicas, por definición, deben ser financiadas por el Estado para que a su educación de calidad tengan acceso personas que de otra manera no podrían estudiar. La gratuidad de la educación universitaria hoy vigente para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 es un gran logro social, pero requiere tener los recursos necesarios para cumplir ese propósito de ser un gran factor de equidad, en una sociedad desigual.

Así ha sido en el pasado. La movilidad social generada por las universidades públicas es impactante. En la reciente reunión de egresados de la Universidad del Valle recogimos testimonios de profesionales que en Colombia y en el exterior han forjado brillantes carreras en todos los campos de las ciencias y las artes. Todos ellos de los más modestos orígenes, que sin la oportunidad de estudiar en una universidad pública no hubieran podido obtener esos logros. La ley que actualiza los costos de funcionamiento de las universidades públicas es, por tanto, más que bienvenida.

*Rector de la Universidad del Valle*